Santa Cruz, 26 oct 2021 (ATB Digital).- La responsable de Incidencia Política de Católicas por el Derecho a Decidir, Andrea Terceros, indicó ayer que la Iglesia Católica no debería intervenir en los asuntos estatales y mucho menos impedir la aplicación de una normativa.
“Están arruinando una vida, una niña de 11 años víctima de violencia sexual que va a ser obligada a parir, es arruinar una vida”, lamentó.
Dijo que la Iglesia Católica debería hacerse cargo de los casos de violencia sexual contra mujeres y pedofilia que tiene dentro de esa institución.
“Se ha denunciado un caso de violencia sexual por más de un año por un miembro de la Iglesia Católica en la Chiquitania y en vez de seguir el proceso removió del puesto (al acusado) y lo envió a otro lugar. La iglesia debería hacerse cargo de esas cosas”, remarcó.
El caso de una niña de 11 años que quedó embarazada luego de sufrir reiterados abusos sexuales por parte de su abuelastro causó conmoción en la sociedad boliviana y un nuevo debate entre quienes defienden el derecho de la menor de interrumpir la gestación y quienes rechazan esta posibilidad.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, manifestó su rechazo e indignación por el pedido de la Iglesia Católica sobre la negación del interrumpir el embarazo de la niña que pone en riesgo su vida.
“Cuando la Iglesia opina sobre el ejercicio de derechos de mujeres, como en este caso de niñas realmente lo que genera es socavar o generar una grave violación de derechos humanos para esta población”, indicó.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Santa Cruz, José María Velasco, aseveró ayer que el caso del embarazo de una niña de 11 es un problema legal que debe ser resuelto por la justicia debido a que existe una Sentencia Constitucional de estricto cumplimiento que ordena el aborto en este caso.
“La sentencia constitucional 206/2014 es de estricto cumplimiento para médicos, policías, fiscales, trabajadores sociales, psicólogos o cualquier otra autoridad competente en este tema”, explicó la autoridad policial a los periodistas.
En esa línea, el exfiscal y abogado Joadel Bravo dijo que la sentencia no ordena, sino faculta a la víctima de una violación a ejercer el derecho del aborto y que en el caso de la niña la decisión la tiene su madre.
Fuente: Ahora el Pueblo