La Paz, 4 nov 2021 (ATB Digital).- El manejo irregular de medios estatales durante el régimen de Jeanine Áñez afectó el derecho a la información de 5.762.616 personas durante la pandemia del COVID-19.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó que formalizará la denuncia ante el Ministerio Público para que se asuman las acciones de investigación.
Dio a conocer la decisión luego de denunciar que, tras la toma violenta de medios estatales y suspensión arbitraria de transmisiones, el régimen de facto generó un daño económico al Estado de Bs 8.965.988 entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.
“¿Qué es lo que ha sucedido en los medios de comunicación en este tiempo? Es que se ha privado del derecho a la información, se ha desmantelado los equipos, existió una contratación irregular, la asignación de ítems irregulares en los medios de comunicación, esto suma un total de 8,9 millones de bolivianos de daño económico al Estado”, aseguró este jueves en conferencia de prensa en Cochabamba.
Según datos oficiales del Viceministerio de Comunicación, tras el golpe de Estado de 2019, se pudo evidenciar la suspensión forzosa de Bolivia TV durante tres días, 20 horas y 16 minutos. Los periodistas del medio y sus familias fueron amenazados en su integridad física.
Aseguró que en Bolivia TV, durante el régimen de Áñez, se generó un daño económico de Bs 2.040.269 porque no se asumieron acciones presupuestarias y técnicas para garantizar la continuidad operacional de los equipos, el costo de mantenimiento y reparación en los nueve departamentos.
La situación generó la suspensión forzada de emisión con un daño de Bs. 2.593.280 y de 887.029 personas afectadas.
En el caso de la radio Patria Nueva, el daño económico es de Bs 962.500 por afectaciones, por ejemplo, en la señal en repetidoras y equipos con un perjuicio para 1.795.995 personas.
En el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, el daño económico fue de Bs 2.282.319, porque no se tomaron medidas presupuestarias y técnicas para garantizar la continuidad operacional ante ataques, desmantelamiento y desinstalación forzada de las emisoras. Fueron afectadas 3.079.592 personas.
“Se van a seguir las acciones como corresponde, se va a formalizar ante el Ministerio Público porque consideramos que ha sido, por un lado, un tema de afectación de derecho a la información, porque se ha reducido considerablemente el alcance, se ha bajado la señal, nos han dejado sin medios de comunicación del Estado”, cuestionó la Viceministra de Comunicación. (ABI)