La Paz, 28 nov de 2021 (ATB Digital).- La Defensoría del Pueblo reprueba la decisión judicial emitida por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz, instancia que tras la audiencia de medidas sustitutivas desarrollada este sábado resolvió conceder detención domiciliaria a Sandro Zenteno Cusi, acusado de violación a sus hijas A.Z.I. y P.Z.I. desde que estas tenían 7 y 6 años, respectivamente.
Al respecto, la Delegada Defensorial Departamental de La Paz, Teresa Subieta, rechazó y repudió la decisión asumida por este Tribunal debido a que se la considera una vulneración flagrante de la norma que deja desprotegidas a las dos víctimas de agresión sexual. “Además, (con esta decisión) el tribunal ignora la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encontraban las víctimas respecto al agresor cuando este empezó con los abusos. Durante ese tiempo las niñas fueron sometidas a violencia sexual, amenazas, intimidación, coerción y abuso de poder”, sostuvo Subieta.
De acuerdo con el Tribunal encargado del caso, se otorgó la detención domiciliaria al acusado porque quedaron desvirtuados casi la totalidad de los riesgos procesales, sobre todo el de “peligro efectivo para la víctima”, ya que las hijas ahora son mayores de 18 años y ya no se encontrarían en situación de vulnerabilidad. En este sentido, la delegada defensorial recordó que el Tribunal Constitucional Plurinacional determinó que en casos de violencia contra las mujeres la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado se constituye en una forma de revictimización que desnaturaliza las medidas de protección que el Estado debe brindar a las víctimas.
De igual manera, Subieta remarcó que “las víctimas no fueron únicamente agredidas sexualmente por el padre, sino también por el abuelo paterno, Guido Zenteno Cusi, que se encuentra prófugo y declarado en rebeldía desde 2019. Por todas estas circunstancias, denunciamos la desprotección y vulneración de los derechos de las víctimas de violencia sexual, y exigimos a las autoridades cumplir con la protección constitucional debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas. Exigimos que se cumpla con el principio de celeridad e interés superior del niño, niña o adolescente, lo que obliga a una mayor responsabilidad y diligencia que deben ser asumidas adecuadamente por las autoridades”.
La Defensoría del Pueblo solicita a las autoridades competentes velar por el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales existentes respecto a la protección de las víctimas de violencia sexual y exhorta a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia ejercida contra las mujeres.