La Paz, 29 de enero (ATB Digital).- Tres son los pilares con los que que la Fiscalía sostiene la acusación contra el juez Rafael Alcón Aliaga, acusado de prevaricato por la liberación de Richardo Choque Flores, el denominado asesino serial, acusado de matar y violar a varias mujeres en los últimos años. La audiencia de medidas cautelares de esta exautoridad judicial comenzó alrededor de las 11:00 de este sábado.
Según explicó el fiscal Johan Muñoz estos tres puntos son: El primer requisito para otorgar la detención domiciliaria es que el presidiario tenga una condena que permita el indulto. Sin embargo, Choque fue acusado por feminicidio, con 30 años de prisión “sin derecho a indulto” en un caso de muerte de una mujer en 2013.
La segunda es que el presidiario cumpla dos quintas partes de la pena impuesta y en una condena de 30 años representaría 12. Choque cumplió sólo cinco años.
La tercera es que no acreditó una enfermedad terminal como establece el reglamento de ejecución de penas.
“El juez debió exigir un informe emitido por un médico forense y no se tiene ningún certificado forense que acredite una enfermedad incurable. Estas enfermedades podían ser controladas con medicación del penal donde se encontraba detenido. Esto determina el prevaricato, incumplimeinto de deberes de Alcón otorgando libertad a un apersona que era acusada de asesinato y provocó la muerte de dos personas”, dijo el fiscal.
Muñoz afirmó que la Fiscalía fue a registrar los juzgados de La Paz y El Alto pero no halló el cuaderno de control de sentencia, “desapareció de estos juzgados”. “Simplemente, encontramos el proceso penal en un legajo con fotocopias legalizadas y simples donde no se halla un documento que acredite enfermedad terminal, informe del juez, secretario ni visitadora social”.
“Por tanto se imputa por los delitos incumpliento de deberes, prevaticato y supresión y destrucción de documentos”, precisó.