Santa Cruz, 12 feb 20222 (ATB Digital).- El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ratificó este sábado sus denuncias tras inspeccionar el puente clandestino sobre el río Parapetí, donde evidenció un daño al medio ambiente e incumplimiento de deberes por parte de la Gobernación de Santa Cruz, que no realizó la debida fiscalización a la obra, ni antes ni después de su construcción, iniciada el año 2020, durante el gobierno de facto.
“Hay incumplimiento de deberes por parte de la gobernación cruceña. Han violado la Ley Forestal 1700, en su artículo 42 (delitos forestales); el artículo 105 de la Ley del Medio Ambiente que sanciona de 1 a 10 años de cárcel y la Constitución Política del Estado en sus artículos 33 y conexos”, dijo, citado en boletín de prensa.
Asimismo, señaló que el espacio, donde se edificó el puente, es un sitio “Ramsar”, humedales protegidos por ser considerados cuna de diversidad biológica, es decir, entornos más productivos del mundo y refugio de varias especies de flora y fauna.
La autoridad señaló como principal responsable a la Gobernación de Santa Cruz, por incumplir sus deberes respecto a la fiscalización y control, trabajo que está bajo tuición de esta entidad.
“La Gobernación no ha realizado ninguna acción, lo vuelvo a ratificar y lo vuelvo a aclarar, y nosotros estamos diciendo claramente; los responsables son la Gobernación cruceña por no haber realizado actos administrativos y técnicos, no solamente durante la construcción, sino ya después; no hay ni un solo técnico de la Gobernación o de la Secretaria de Medio Ambiente que esté haciendo un solo acto para reparar estos daños, a eso me refiero cuando en mis declaraciones he dicho: reparar el daño del medio ambiente”, aseguró Montaño.
Explicó que el puente que fractura el río Parapetí no tiene estudios hidrológicos ni topográficos, no cuenta con cálculo estructural ni con un cronograma de mantenimiento, por lo tanto, hay un daño al medio ambiente que debe reparar la Gobernación de Santa Cruz.
Montaño sostuvo que es decisión de las autoridades cruceñas el destino del puente, toda vez que se trata de competencias netamente departamentales.
“Quiero aclarar, aquí no somos responsables nosotros, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda o nuestro Gobierno, es responsabilidad de la Gobernación, ellos deben decidir qué es lo que va a suceder sobre este tema”, aclaró.
Finalmente, la autoridad manifestó que los desmontes tuvieron lugar en la gestión de facto de Jeanine Áñez y eran de conocimiento de la Gobernación de Santa Cruz.
Fuente: ABI