La Paz, 22 de febrero (ATB Digital).- El relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, observó este martes la retardación de justicia para las víctimas de las masacres, ejecuciones extrasumarias y graves vulneraciones de derechos humanos perpetuadas entre el 11 y 19 de noviembre de 2019.
“He tenido una reunión de trabajo larga, de más de tres horas, con las víctimas de Sacaba, Senkata y zona Sur, son 37 personas que murieron en esa crisis de noviembre (…), pasados los dos años, son escasos los resultados en los procesos de investigación”, observó, según informó el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Respecto a las víctimas de los sucesos de represión ocurridos en el Pedregal, Sacaba y Senkata, el jurista expresó su preocupación por la retardación de justicia y las limitaciones en las investigaciones judiciales en curso, debido a que ya pasaron más de dos años de los hechos que dejaron muertos, heridos, torturados, detenidos ilegalmente y perseguidos, y no se cuenta con sentencias.
“Las víctimas y familiares de víctimas están todavía esperando por justicia y esperando por reparación, este es un tema que debe contar con prioridad para que las personas afectadas por la violencia puedan encontrar algo de justicia”, insistió.
García-Sayán concluyó su visita oficial a Bolivia con la presentación de un comunicado y observaciones preliminares a la situación de la administración de justicia en el país, en ese sentido se refirió a la represión de 2019.
Tras la autoproclamación de Jeanine Añez, se firmó el denominado «decreto de la muerte», es decir, el Decreto Supremo 4078, el mismo que eximía a militares de responsabilidad penal para que las fuerzas del orden a su mando ejecuten el Plan Sebastián Pagador que provocó la muerte de 22 personas y dejó cientos de heridos, detenidos, perseguidos y torturados, además de otros fallecidos y heridos registrados durante el movimiento golpista.
En 2021, la investigación realizada por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que en noviembre de 2019 se cometieron ejecuciones sumarias, masacres y graves vulneraciones de derechos humanos.