Santa Cruz, 24 de febrero (ATB Digital).- El cuestionado dirigente cívico Rómulo Calvo anunció ayer que la Asamblea de la Cruceñidad determinó este miércoles un paro de 24 horas para el viernes 4 de marzo en contra de las “arbitrariedades e injusticias” cometidas por los administradores de justicia y se instruyó una vigilia “permanente” en las instituciones públicas, ello, según los calculos del Gobierno, hará que la región pierda al menos 32 millones de dólares en su movimiento económico.
Calvo, fue quien leyó las conclusiones emitidas que, entre otros aspectos, declaró personas “no gratas” a los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, oriundo de esa región, al de Obras Públicas, Edgar Montaño quien fue parlamentario por Santa Cruz y al de Justicia y Transparencia, Iván Lima.
“Declarar vigilia permanente y pacífica en las instituciones públicas de administración nacional, y paro cívico departamental de 24 horas con suspensión de actividades para el día viernes 4 de marzo en contra de las arbitrariedades e injusticias cometidas por miembros del Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía y otras autoridades de Gobierno”, se lee en el punto 7 del documento.
En la resolución se cuestionó el proceso y la detención domiciliaria del mismo Calvo, y se señaló que “la sociedad cruceña estará vigilante y alerta ante cualquier acción en su contra” que venga desde otros órganos del Estado.
Según los datos de judicatura del Estado, Calvo tiene procesos pendientes con la justicia que van desde Contratos lesivos al Estado, sedición, homicidio, racismo, contrabando, entre otros, forman parte de los 35 procesos judiciales que afronta el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Por ninguno fue detenido hasta ahora.
Se otorgó además “poder de decisión absoluto” al Presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz que es el mismo Rómulo Calvo, y al Directorio para decidir “cualquier otra medida necesaria” que se llevará adelante lo resuelto en la presente Asamblea Magna.
La Asamblea de a Cruceñidad exigió el cumplimiento del debido proceso y respeten a las garantías constitucionales en los procesos que se les siguen a la exsenadora Jeanine Añez acusada de graves delitos entre los que estan a muerte de 39 personas en las masacres de Sacaba y Senkata y las heridas a bala sufridas por al menos 500 personas; a los dirigentes de la Resistencia Juvenil Cochala, acusados de graves delitos de racismo y sedición durante del Golpe de Estado de 2019 y a militares y policías, activistas y ciudadanos en general que participaron en esos días.