La Paz, 24 de febrero (ATB Digital).- Un día después de que el relator de la ONU, Diego García – Sayán, acabara su agenda en Bolivia, la exsenadora, Jeanine Añez, decidió levantar su huelga de hambre “por pedido de sus hijos”.
Lo curioso del levantamiento de la medida es que ésta fue iniciada antes de la llegada del relator de la ONU, y acaba justo cuando él acaba sus labores en el país, mismas que tenían el objetivo de ayudar al Estado boliviano a hacer una evaluación de la justicia del país.
“Ante el pedido de mis hijos, mi familia, mis abogados, instituciones, ex Presidentes, Iglesia Católica, amigos, algunos niños, asamblea de la cruceñidad y los valientes huelguistas solidarios, esta noche levanto mi huelga de hambre. Gracias por su apoyo al pueblo boliviano”, se lee en la cuenta de Twitter de la exmandataria.
La expresidenta, siempre en su cuenta de Twitter, anexó fotografías de una carta manuscrita en la que señala que ella no está de acuerdo con levantar su huelga de hambre y que aún está con fuerzas para seguir “con su lucha”.
Reitera que debe ser juzgada por un juicio de responsabilidades y no por la vía ordinaria y asegura es sometida a torturas de distinta índole”.
Añez detenida desde hace más de 11 meses, es acusada y juzgada por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la ley y la Constitución e incumplimiento de deberes debido a la presunta toma de la Presidencia del Senado sin cumplir los mandatos constitucionales, lo que luego le permitió hacerse del poder tras la dimisión del expresidente Evo Morales en la crisis de 2019.
En este caso están implicados también Williams Kaliman, excomandante de las Fuerzas Armadas; Flavio Gustavo Arce, exjefe del Estado Mayor; Pastor Mendieta, excomandante del Ejército; Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea; y Palmiro Jarjury, excomandante de la Armada; además del excomandante de la Policía Yuri Calderón. Kaliman y Calderón están prófugos.
Sobre ella y sus cómplices también pesan acusaciones sobre terrorismo ya que al asumir la presidencia de facto del país, las militares y policiales, a su mando, asesinaron a 39 personas en las denominadas masacres de Sacaba y Senkata e hirieron a bala a al menos 500 personas.