La Paz, 04 de marzo (ATB Digital).- La canciller durante el gobierno de facto de Jeanine Añez, Karen Longaric, fue cuestionada ayer por tres viceministros y un diputado, luego de que la exautoridad pidió sanciones contra Bolivia. Le instaron a que antes de cuestionar las decisiones del país responda ante la justicia por las masacres de 2019 y por las denuncias de nepotismo en su gestión en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Karen Longaric no tiene moral ni ética para hablar sobre sanciones a Bolivia y menos sobre Derechos Humanos. La CIDH, ONU y GIEI afirmaron que durante el gobierno, del que fue parte, se cometieron graves violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, masacres y torturas”, escribió en su cuenta de Twitter el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani.
La autoridad diplomática recordó que Longaric firmó el Decreto Supremo 4078, conocido como el Decreto de la Muerte, que otorgó impunidad a los militares y al mismo gobierno de Jeanine Añez en las jornadas de represión y sangre que vivió el país durante noviembre de 2019, dejó centenares de heridos y 37 muertos bajo la imposición de la denominada estabilidad pública, lo que derivó en las masacres de Sacaba y Senkata.
Le pidió a la prófuga de la justicia que antes de hablar de derechos humanos de otros, responda ante la justicia por los derechos que transgredió en Bolivia.
Longaric sugirió ayer a la Unión Europea asumir sanciones contra Bolivia por el conflicto en Ucrania.
“Tendría que sancionar a Bolivia si no reconduce inmediatamente su posición”, dijo la excanciller en contacto con ANF y aclaró que deben ser sanciones éticas y morales por supuesto incumplimiento de la norma internacional.
El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, también la criticó por solicitar sanciones contra Bolivia.
“Impresentable que Karen Longaric en su afán político pida sanción para todos los bolivianos. Bolivia se abstuvo de votar (distinto que apoyar) junto a otros 34 países que representan al 51,5% de la población mundial, ¿habría que sancionar entonces a más de “medio mundo”?”, lamentó Blanco en su cuenta en Twitter.
De la misma forma, la viceministra de Gestión Institucional y Consular, Eva Chuquimia, fustigó las declaraciones de la exdiplomática.
“Mientras usted critica la posición soberana de Bolivia pidiendo sanciones, nosotros desde la Cancillería de Bolivia estamos trabajando atendiendo las solicitudes de asistencia de los residentes bolivianos en Ucrania para que situaciones como las de 2020 no vuelvan a repetirse”, agregó.
Longaric enfrenta en el país varios procesos judiciales. Está acusada de haber incumplido la ejecución de un presupuesto destinado para apoyar a bolivianos en el exterior que estaban en situación de vulnerabilidad durante la pandemia.
También fue convocada a declarar ante la Fiscalía como testigo en el caso gases lacrimógenos, pero no acudió a la cita ya que se encuentra prófuga fuera del país.
Nepotismo
En diciembre de 2019, Longaric designó a Jacqueline Mercedes Murillo Prijic, hermana del ministro Arturo Murillo, como diplomática de Bolivia en Miami, EEUU, pese a que no cumplía los requisitos legales para la designación.
Nombró al sobrino de (la excanciller) Karen Longaric (Albert Hoffman Lora) en la oficina regional en Santa Cruz; a la nuera o la novia del hijo de Longaric como agente consular en Corumbá (Jaqueline Montaño Castro); a la sobrina de Añez (Andrea Echarte Añez), que estuvo como secretaria en la Embajada en Paraguay; al hijo de Tomasa Yarhui (Grover Yupari Yarhui), socia y candidata de Tuto Quiroga, nombrado en el consulado de Bilbao, en España.
Nombró a Mohammed Mostajo como primer secretario en la Representación Permanente (de Naciones Unidas); se le dio el título de embajador cuando no existe esa categoría.
La excanciller avaló los tres decretos que autorizaban la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos y armamento no letal para el Ministerio de Defensa a través del Ministerio de Gobierno, negociado de Arturo Murillo junto a sus principales colaboradores.