La Paz, 2 de abril 2022 (ATB Digital).- El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz tiene previsto instalar el juicio Golpe de Estado II el lunes próximo con cuatro acusados prófugos de la justicia y mandamiento de apremio, dos con condena y una, Jeanine Áñez, con detención preventiva en una penal de La Paz y dispuesta, en opinión del abogado Aldo Michel, a dilatar el proceso.
“Esa esa parte de la estrategia de la señora Áñez”, declaró Michel, abogados de las víctimas de 2019, a la televisora privada ATB.
En la misma línea, el ministro de Justicia, Iván Lima, indicó en su momento que el proceso no “debería” extenderse, pero aclaró que se prevé por parte de la defensa de la acusada” obstáculos legales y chicanas, que buscan aplazar en el tiempo el debido proceso”.
El Tribunal –que suspendió en dos ocasiones el proceso– ordenó la aprehensión de los exjefes militares Williams Kaliman, Jorge Fernández y Sergio Orellana y del excomandante de la Policía Yuri Calderón.
Los cuatro uniformados fueron declarados en rebeldía en la apertura de juicio oral, el pasado 28 de marzo, en el que la exsenadora Añez compareció con problemas de salud y obligó a que el acto judicial se suspenda hasta este 4 de abril.
En el caso Golpe de Estado II, que se refiere a las acciones que la exsenadora tomó cuando era segunda vicepresidenta del Senado para asumir en 2019 la presidencia del Estado de forma inconstitucional, condenó a los exjefes militares Palmiro Gonzalo Jarjuri Rada y a Jorge Gonzalo Terceros Lara a tres años de prisión, en un proceso abreviado en el que ambos aceptaron su culpabilidad en los delitos que se les acusó.
De acuerdo con la decisión de la justicia, ambos excomandantes aceptaron su culpa por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes en grado de complicidad, los mismos que se les imputa a los cuatro uniformados prófugos.
El martes 12 de noviembre de 2019, Áñez —una senadora poco conocida— tomaba el mando de la nación con un simbólico hecho: la banda presidencial se la puso el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, enfundado en uniforme de combate.
Se trataba del mismo jefe castrense, Williams Kaliman, que —en una decisión corporativa del Alto Mando— “sugirió” a Evo Morales renunciar al cargo.
Los delitos que se le imputan, de acuerdo con la normativa penal, podrían acarrearle una pena de privación de libertad de hasta 10 años.
“La servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, será sancionado con la privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años”, establece el artículo 153 del Código Penal.
Según la Fiscalía, se cuentan con más de 70 pruebas y casi una veintena de declaraciones testificales que indican que la ahora detenida en el penal de Miraflores de La Paz adecuó su conducta a ese tipo penal.
Fuente: ABI