La Paz, 28 de mayo 2022 (ATB Digital).- A más de un año de la detención del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, en Estados Unidos, por acusaciones de soborno y lavado de dinero, su situación jurídica aún es incierta. Es más, el abogado estadounidense, Thomas Becker, que defiende a las víctimas de la masacre de 2003 y también apoya a las víctimas de 2019, considera que es poco probable que el país del norte extradite a Murillo antes de su sentencia.
“Él es un pez grande, un gran pez para los Estados Unidos, porque es un exministro de alto nivel que cometió delitos de alto nivel en EEUU; entonces, (…) EEUU tiene interés en su caso y (ese) su interés es continuar y terminar su caso, (por lo que) la posibilidad de su extradición yo creo que es muy poca, (hay) poca probabilidad que (este país) vaya a extraditar a Murillo antes de una sentencia”, dijo el jurista en una entrevista con La Razón Radio.
Desde la detención de Murillo, entre el 21 y 22 de mayo del 2021, sus audiencias fueron postergadas en varias oportunidades y hasta ahora no hay certeza de cuál pueda ser su futuro, aunque en las últimas semanas, el exministro indicó, a través de una carta, que acepta” su extradición a cambio de que se conceda arresto domiciliario a la expresidenta Áñez y se entregue al exjefe antidrogas Maximiliano Dávila a Estados Unidos por presunto narcotráfico. Ese hecho fue calificado como un show político por autoridades del oficialismo.
La próxima audiencia está programada para el 23 de noviembre.
De acuerdo con la investigación, Murillo fue arrestado en Miami junto con su exasistente y tres empresarios estadounidenses. Todos son acusados de armar un esquema de sobornos y lavado de dinero para aprovecharse de una importación de gases lacrimógenos realizada por Murillo cuando se encontraba en funciones.
Un reporte de El País, que cita al Departamento de Justicia de Estados Unidos, señala que Murillo, su antiguo “jefe de Gabinete” (asistente principal) y un funcionario del Ministerio de Defensa de Bolivia recibieron 602.000 dólares en coimas de parte de los tres estadounidenses detenidos. Estos son propietarios de una compañía con sede en Florida que actuó de intermediaria entre el Estado boliviano y una proveedora brasileña para la compra, por parte de Bolivia, de gases lacrimógenos y otro equipamiento no letal por un valor de aproximadamente 5,6 millones de dólares.
En la misma nota se lee que esta empresa entregó los sobornos entre noviembre de 2019, días después de la llegada de Áñez al poder, y abril de 2020, con la intención de “obtener y mantener” este contrato de intermediación.
(Con datos de La Razón y El País)