La Paz, 20 de junio 2022 (ATB Digital).- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, comunicó que el martes, luego de la exposición del informe final del Relator Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) del sistema de las Naciones Unidas (NNUU), el Gobierno de Bolivia hará su intervención ante la sede del organismo en Ginebra.
“Con el Canciller (Rogelio Mayta), el día martes a las 04.00, vamos a presentar nuestros comentarios al informe del Relator. El informe se presenta en Ginebra ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Gobierno de Bolivia ha pedido intervenir a la conclusión del informe, nuestra posición va a estar en función al informe que presente el Relator”, explicó el titular de Justicia, según un boletín de prensa de esa cartera de Estado.
En noviembre de 2021, el Gobierno nacional gestionó la visita del Relator Especial en el marco de la reforma de la justicia y como parte de la política de apertura al escrutinio internacional en aras de la transparencia con la que se maneja el Estado.
Es así que en febrero de este año se concretó la visita de García-Sayán, la misma que tuvo como resultado un informe preliminar y un informe final dado a conocer en el mes de mayo, en el que se observó el drama de la impunidad al que se encuentran sometidas las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, suscitadas en noviembre de 2019, durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.
En el marco de su mandato y del objetivo de su visita, realizó observaciones y recomendaciones a problemas estructurales de la justicia, que fueron recibidas por el Gobierno de Bolivia. En septiembre de 2021, dichos problemas ya habían sido manifestados en los seis ejes de la reforma, planteados desde esta cartera de Estado, entre ellos el acceso a la justicia, la independencia, la transparencia, el presupuesto y otros.
Durante la semana pasada, el Relator Especial mediante su cuenta personal en Twitter, se refirió al caso concreto del juicio «Golpe II», con base en declaraciones tergiversadas y sacadas de contexto, de las que no solicitó aclaración por parte del Gobierno boliviano.
“Nosotros llamamos a la reflexión al relator García-Sayán, hay un código que regula el trabajo que debe realizar; él no viene a juzgar casos concretos y definitivamente no puede realizar ninguna afirmación sin previamente haber trasladado al Estado boliviano sus observaciones y habernos permitido presentar los argumentos”, subrayó el ministro.
A lo que agregó que “la argumentación que él ha tenido en el informe, la hemos reconocido todos los bolivianos, se ha llamado a un diálogo constructivo por la transformación de la justicia; (pero) los cinco tuits que se emiten la semana pasada están fuera de contexto, están fuera de contexto de ese informe y no puede entenderse en la labor de un relator que está finalizando su mandato, (…) debieron habernos comunicado, debieron habernos permitido dar todos los argumentos y poder responder en ese contexto”.
La autoridad insistió en que el Gobierno nacional será respetuoso y escuchará la presentación oficial del informe del Relator Especial ante Naciones Unidas, y posteriormente hará conocer al organismo internacional la posición del país.
“Nosotros vamos a ser respetuosos del reglamento y del trabajo del Relator, la posición del Gobierno la vamos a expresar el día martes a las 04.00, una vez que él termine la presentación de su informe final en Ginebra; esa es la posición que tenemos, no vamos a adelantarnos sin antes escuchar oficialmente lo que tiene que decir el relator en Ginebra”, manifestó.
El titular de Justicia aclaró que las observaciones que emergieron de la veeduría al proceso judicial por el caso “Golpe II” por parte de Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH-Bolivia) tienen relación con problemas estructurales de la administración de justicia que están siendo reformados y no con la competencia del tribunal que conoció la causa.
“Memoria, verdad y justicia para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos, es el mandato que nos ha dado el pueblo boliviano y el compromiso del presidente Luis Arce cuando recibe el informe del GIEI-Bolivia (Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes)”, concluyó.
(ABI)