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Comité Impulsor denuncia a actores políticos del 2019 por los delitos de genocidio y alzamiento armado

Comité Impulsor denuncia a actores políticos del 2019 por los delitos de genocidio y alzamiento armado

La Paz, 22 julio 2022 (ATB Digital).- El Comité Impulsor “del Juicio contra el golpe de Estado en 2019” asevera que la denuncia que presentaron en contra del “gabinete de la muerte” está “debidamente fundamentada” e incluye a otros actores políticos que presuntamente promovieron los hechos luctuosos de noviembre.

La demanda es por los delitos de genocidio, alzamiento armado, conspiración, entre otros.

Además de los exministros de Jeanine Áñez, se acusa a los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y al gobernador Luis Fernando Camacho, al excívico Marco Antonio Pumari, entre otros, informó el coordinador del Comité, Aldo Michel.

La nómina incluye a Carlos Sánchez Berzaín, Erick Foronda, Yuri Calderón, William Kalimán, Carlos Alarcón, Ricardo Paz, Waldo Albarracín, Luis Revilla e Iván Arias.

También se menciona a los exministros Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, José Luis Parada, Yerko Núñez, Mario Ordóñez, Roxana Lizárraga, Álvaro Coimbra y otros excolaboradores de la presidenta de facto Jeanine Áñez.

“Son 22 personas”, indicó el jurista, quien explicó que “todos” están acusados de siete delitos en base a los roles que, según la documentación, tuvieron en la crisis política de 2019.

Michel considera que con los documentos y pruebas que presentaron, el Ministerio Público tiene los elementos suficientes para sustentar una denuncia formal.

“Nosotros hemos presentado pruebas gráficas, en videos, documental pleno y con todos los testimonios, se reflejó los episodios, la quema de domicilios y las acciones que se llevaron a cabo en El Alto y en Sacaba”, recalcó.

El abogado aseveró que, si bien existe una relación con el caso Golpe I y Golpe II, esta querella es nueva, para que se investigue a los promotores del Decreto Supremo 4078 y los “socios políticos” de Áñez.

Esa norma también conocida como el “decreto de la muerte” entró en vigencia el 15 de noviembre de 2019 y fue un aval para que las Fuerzas Armadas repriman a los movilizados que pedían que se respete la democracia y derivó en las masacres de Sacaba y Senkata.

De acuerdo a los plazos establecidos, el lunes 25 de julio se conocerá si la Fiscalía admite observa o rechaza esta demanda.

(ABI)

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