Chuquisaca, 04 de agosto (ATB Digital).- El inicio del juicio oral en contra de cuatro integrantes de la denominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) de Cochabamba, entre ellos, su cabecilla Yassir Molina, por los destrozos en la Fiscalía General del Estado de 2020, fue fijado para septiembre.
“Estamos a la espera, justamente, de que se pueda desarrollar sin ninguna dificultad y en el marco de la celeridad”, informó el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava.
Tanto la Unión Juvenil Cruceñista como la Resistencia Juvenil Cochabala, también conocida como los “motoqueros”, han sido acusados de una serie de delitos de violencia política, motivada por el racismo y el odio a afines o militantes del actual partido de Gobierno. Ambos grupos adquirieron notoriedad durante de ruptura del orden constitucional del 2019, cuando una serie de hechos de violencia en el país obligaron a la renuncia del expresidente Evo Morales, lo que provocó la autoproclamación de Jeanine Áñez a la presidencia, quien actualmente está detenida en la cárcel acusado de graves delitos que van desde resoluciones contrarias a la Constitución hasta genocidio por esos hechos.
A fines de junio se conoció que se emitió la acusación formal en contra de Molina, Mario Bascopé y Fabio Bascopé, todos ellos, detenidos preventivamente en diferentes cárceles, mientras que Milena Soto tiene detención domiciliaria en Cochabamba.
“Vamos a estar a la espera del desarrollo (de la audiencia). El Ministerio Público va a ir a fundamentar y aprobar justamente los cimientos que tiene esta acusación para poder buscar una sentencia”, añadió Nava.
El Ministerio de Gobierno, parte acusadora en el caso, señala que la Resistencia operó durante 2019 y 2020 como un grupo armado para atentar contra la seguridad interna del Estado y cometer una serie de delitos, así como incurrir en la tenencia, fabricación y ensamblado de armas de fabricación artesanal.
En la audiencia adelantó que solicitará la pena máxima de 20 años de prisión.
El pasado 18 de octubre del 2021, en una carta dirigida al entonces viceministro de Seguridad Ciudadana, Nelson Cox, la encargada de negocios de Estados Unidos, Charisse Phillips, pidió al gobierno boliviano “desmantelar” a los grupos “paraestatales” identificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El informe del GIEI fue presentado en el país el pasado 17 de agosto e identificó a la Resistencia Juveni Cochala y a la Unión Juvenil Cruceñista (considerado el brazo armado del Comité Cívico Pro Santa Cruz) como grupos parapoliciales violentos que deben ser desarticulados para evitar más hechos de violencia política en el país.