EEUU, 15 de agosto (ATB Digital).- Un grupo de abogados y periodistas presentó este lunes una demanda contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense y su exdirector Mike Pompeo por espiar supuestamente sus conversaciones con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, mientras estaba asilado en la Embajada de Ecuador en Londres.
La demanda se presentó en el Distrito Sur de Nueva York esta mañana y alega que Pompeo -que dirigió la CIA entre 2017 y 2018, antes de ser nombrado secretario de Estado por Donald Trump- supervisó y dirigió “una campaña extraordinaria de espionaje ilegal a los abogados de Assange y otras personas dentro de la embajada”, según apuntaron los denunciantes en un comunicado.
“Demandamos en nombre de varias personas que fueron a la Embajada ecuatoriana para visitar a Julian Assange y, sin que ellos lo supieran, todos sus equipos fueron fotografiados y sus conversaciones fueron grabadas por una empresa bajo la dirección de Mike Pompeo”, aseguró en una conferencia de prensa posterior Richard Roth, abogado a cargo de la denuncia.
Assange se encuentra desde abril de 2019 internado en una prisión británica. Las autoridades estadounidenses acusan al australiano de una veintena de delitos por las informaciones y documentos que filtró en su portal WikiLeaks, en los que expuso los abusos cometidos por las tropas estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán.
Entre 2012 y 2019, Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, hasta que en abril de ese año lo arrestaron por una orden de extradición de Estados Unidos, después de que el Gobierno de ese país latinoamericano le retirara la condición de asilo político.
Es allí donde se produjeron las presuntas escuchas, en las que estuvo supuestamente involucrada una empresa española, Undercover Global, responsable de la seguridad privada de la embajada. La empresa y su propietario, David Morales, aparecen también como demandados.
Como insistió Roth, la Constitución de los Estados Unidos “protege a los ciudadanos estadounidenses de la extralimitación del Gobierno, incluso cuando las actividades se llevan a cabo en una embajada extranjera en un país extranjero”.
Según explicó este lunes Deborah Kerbeck, una de las demandantes, ella acudió varias veces a la embajada “para discutir asuntos legales delicados”.