La Paz, 29 ago 2022 (ATB Digital).- El Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana,
detectó la existencia de 1.500 empresas ilegales de seguridad privada en
todo el país. Ante esta situación, las autoridades realizan continuos
operativos para que esos negocios no sigan operando.
Además, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, explicó a LA RAZÓN
que en el territorio nacional hay registradas 414 compañías que operan
de forma regular y que otras 100, actualmente, tramitan la renovación de
sus licencias de funcionamiento.
Según la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su
respectivo reglamento, estas entidades de seguridad privada deben
renovar sus licencias de funcionamiento cada tres años, a partir de la
fecha de la resolución administrativa que entrega la Policía.
Este relevamiento de datos fue hecho por el Departamento Nacional de
Autorización y Control de Empresas Privadas de Vigilancia (Denacev),
dependiente de la Policía, en coordinación con las Jefaturas
Departamentales de Empresas Privadas de Vigilancia (Jedecev).
“En ese marco, se han detectado al menos 1.500 empresas ilegales en
todo el país (…). Son ilegales porque no han cumplido con las exigencias
establecidas en la Ley 264 de Seguridad Ciudadana, lo que representa un
riesgo tanto para las personas como para las empresas que requieren
estos servicios”, explicó el viceministro.
Ante ese escenario, Ríos afirmó que se activaron controles
permanentes en el país, sobre todo en el eje troncal, donde se detectó
la proliferación de esos negocios.
CONTROL.
“Una vez identificada a la empresa ilegal, se procede al llenado del
acta de clausura correspondiente, se entrega la respectiva notificación
al propietario, gerente, socio, administrador, representante legal de la
empresa y se procede al precintado”, detalló la autoridad.
Indicó que estas labores se realizan en coordinación entre el Comando
de la Policía Departamental de la jurisdicción correspondiente y las
Jedecev.
En caso de que la empresa ilegal sea clausurada y continúe prestando
servicios de vigilancia, se realiza una nueva clausura y se remite el
caso ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el
Ministerio Público, para solicitar el secuestro de bienes muebles de
esas entidades.
En ese marco, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana proyecta, en
el corto plazo, un informe de la cantidad de empresas clausuradas y de
los procesos iniciados en el país, para sentar un precedente y así
evitar la proliferación de estos negocios ilegales.
“El asesor jurídico de la Jedecev brindará apoyo legal en los
procedimientos de clausura de la empresa y la inhabilitación del dueño o
propietario, así como el seguimiento permanente, coadyuvando la labor
del fiscal y de la FELCC para investigar los delitos”, explicó Ríos.
En cuanto a las empresas que funcionan de manera regular, el
viceministro ponderó los mecanismos de coordinación establecidos con la
Policía, para fortalecer las labores de prevención, pues las privadas
implementaron medidas de vigilancia, como sistemas cerrados de seguridad
y cámaras que coadyuvan a resolver ilícitos.
Además, “son los guardias de seguridad los que, mediante información,
ayudan a la Policía a la detención de delincuentes, pues muchas veces
son los primeros en intervenir en esos hechos”, añadió.
En ese marco, de forma constante se realizan actividades de
actualización e intercambio de experiencias con otras organizaciones, en
el ámbito nacional e internacional, a fin de fortalecer el trabajo de
esas entidades privadas.
Viceministro trabaja en un nuevo reglamento
El Viceministerio de Seguridad Ciudadana trabaja en un nuevo
reglamento para normar el funcionamiento y la emisión de autorizaciones
para las empresas privadas de vigilancia que, entre otras cosas,
establece la simplificación y modernización de trámites, para que puedan
brindar sus servicios a la población en general y a las entidades que
las contratan.
El reglamento “establece los procedimientos y los requisitos, la
emisión de una resolución del Comando de la Policía, por el cual se
autoriza el funcionamiento, que luego se remite al Ministerio Gobierno,
para que entreguemos la homologación y otros documentos, para que la
empresa pueda empezar sus actividades”, explicó el viceministro del
área, Roberto Ríos.
La autoridad señaló que el actual reglamento data de 2013, por lo que
urge una actualización. Si bien se establecerán más controles, también
se simplificarán plazos. Por ejemplo, ahora el trámite para abrir una
empresa de seguridad dura más de 90 días, lo que se prevé reducir a un
mes, además que las gestiones serán virtuales.
Guardias de seguridad no pueden usar armas letales
Los guardias de seguridad privada están restringidos de realizar tres
acciones, entre ellas usar armas letales, pues su labor es básicamente
prevenir el delito.
Un informe del Viceministerio de Seguridad Ciudadana señala que estos
efectivos tampoco pueden realizar detenciones ni pueden ejecutar
intervenciones directas en el lugar del delito.
El informe de esa repartición estatal es enfático en establecer que
los guardias están restringidos de “usar cualquier tipo de armamento ya
sea letal o no letal”.
Además, establece cinco atribuciones que tienen los guardias de seguridad privada.
FACULTAD.
La primera está referida a la vigilancia y custodia de locales
comerciales, bienes inmuebles, instituciones bancarias. En ese marco,
este elemento de seguridad tiene la obligación de informar a la Policía
sobre cualquier hecho para prevenir, mantener o restablecer el orden
público.
En segundo lugar, deben controlar la identidad en el acceso a
determinados inmuebles; evitar la comisión de actos delictivos brindando
información veraz y oportuna. Asimismo, deben proteger el
almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores u
objetos valiosos.
Por último, estas personas deben responder a las alarmas que se activen y que corresponden a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
En cuanto a las prohibiciones que establece la Ley 264 del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana, los guardias de seguridad privada
quedan prohibidos de utilizar cualquier tipo de arma, macana garrote,
torito, paralizador eléctricos u otros que puedan ser considerado armas
blancas o instrumentos contundentes.
Asimismo, la norma restringe la fabricación, importación,
exportación, el tránsito, el transporte nacional e internacional,
comercialización y uso de armas de fuego, municiones, explosivos, sus
partes, componentes y otros materiales relacionados al uso militar y/o
policial.
Según la norma y la reglamentación vigente, para abrir una empresa de
seguridad privada, se deben cumplir varios requisitos, que están
divididos en dos áreas.
REQUISITOS.
El primero es el “expediente empresarial”, que consta de 19 cláusulas
que deben ser cumplidas, entre ellas, la presentación de un memorial de
solicitud de autorización; el NIT; licencia de funcionamiento
municipal; registro a la Caja Nacional de Salud (CNS) u otra institución
similar; además de las constancias documentales de que todo el personal
cuenta con un seguro de vida, con un capital mínimo de $us 3.000.
Asimismo, debe contar con un Seguro de Responsabilidad Civil, a favor
de todos sus contratantes y/o terceros que pudieran ser afectados por
el desarrollo de actividades; además, tiene que contar con un Seguro de
Transporte de Valores caudales y monedas, en el que conste la ampliación
de cobertura de todo riesgo de pérdida y/o daño como consecuencia de
robo, atraco y/o asalto.
La segunda área de requisitos es el “Expediente de recursos humanos y
materiales”, que es la relación nominal del personal en el cual detalla
los antecedentes de los guardias de la FELCN, FELCC, Tránsito,
Interpol, y Certificado de No Violencia vigente; asimismo, deben hacer
constar sus documentos que avalan su respectiva capacitación, emitida
por la Unipol, y otros datos personales de los elementos de seguridad.
Congreso de empresas privadas identifica 3 prioridades
En el marco del Congreso Panamericano de Seguridad Privada 2022, que
se desarrolló el 11 y 12 de agosto, el Viceministerio de Seguridad
Ciudadana identificó tres tareas prioritarias que se deben consolidar
con las empresas privadas de vigilancia, que se deben consolidar a corto
y mediano plazo.
“Se trata de tareas fundamentales: la coordinación operativa de las
actividades de las empresas de vigilancia junto con la Policía; sistemas
de comunicación oportuna ante algún suceso de delitos o violencia; y la
captura de información estadística de hechos de inseguridad, que son
atendidos por vigilantes”, explicó a LA RAZÓN el viceministro del área, Roberto Ríos.
La autoridad manifestó que estas empresas han adquirido notoriedad y
relevancia en los últimos años, no solo por el aporte a la reactivación
económica del país, sino también por el impacto social al bienestar y “a
la seguridad de la comunidad y la búsqueda de una convivencia
pacífica”.
Asimismo, Ríos enfatizó que con una coordinación adecuada “se puede mejorar las condiciones de vida y aportar al desarrollo”.
En ese marco, destacó la realización del Congreso Panamericano, en el
que se conoció la labor que realizan empresas de seguridad de países
como Argentina, Brasil, Costa Rica, Perú, entre otros, con los que se
intercambió experiencias y se tomaron en cuenta una serie de sugerencias
para establecer las tres tareas prioritarias a ser asumidas en el país.
En el evento participó personal de la Policía y de las Jefaturas
Departamentales de Empresas Privadas de Vigilancia (Jedecev).
LA RAZÓN