La Paz, 20 de septiembre de 2022 (ATB Digital).- Waldo Albarracín, exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), es considerado por el Ministerio Público para que brinde sus declaraciones en el marco de la investigación por las denuncias contra el dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL), Álvaro Quelali, quien es acusado de aprovechar su cargo y recursos de la casa de estudios en favor de familiares.
“El exrector de la universidad sí es considerado por el Ministerio Público para que preste su declaración informativa, el señor Waldo Albarracín, lo vamos a citar, estamos considerando esa posibilidad”, indicó la fiscal asignada al caso, Magaly Bustamante.
Este martes, Quelali, que figura por más de 20 años como estudiante de la UMSA, fue aprehendido acusado de usurpación de funciones y conducta antieconómica. Una de las denunciantes, la universitaria Karen Apaza, afirmó que hay más personas implicadas, dado que el dirigente tenía una “rosca”.
“No solo su hermano, sino queremos que todas las autoridades que están detrás de esto y se han beneficiado económicamente del IDH estudiantil también se les haga seguimiento y se amplíe el caso, porque esta no es una rosca pequeña, es una rosca encabezada por Álvaro Quelali y Max Mendoza (el dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana, actualmente con detención preventiva), ellos trabajaban juntos y siguen teniendo sus líneas en todas las universidades”, denunció la universitaria.
El Ministerio Público abrió la investigación y este martes se determinó la aprehensión de Quelali, quien decidió acogerse a su derecho al silencio. La institución pedirá la detención preventiva del dirigente, mientras se analiza citar a más personas.
“Los nuevos apersonados en calidad de denunciantes están solicitando que declaren otros miembros de la FUL y también del Centro de Estudiantes a los fines de establecer cuál sería el conocimiento de las notas que se han cursado al interior de la UMSA para dar estos viajes”, afirmó la fiscal.
Quelali es cuestionado y acusado de aprovechar su cargo para beneficiar a sus familiares y otros con viajes, becas comedor, viáticos y otros servicios, con recursos de la UMSA; la Fiscalía aún analiza el daño económico que se generó.
“Por el momento tenemos el viaje a la Habana, Cuba, que representa más de 372.000 bolivianos y el viaje a la ciudad de Santa Cruz, con un monto económico de aproximadamente 82.000 bolivianos, por varios estudiantes, no solo uno”, afirmó Bustamante.
(La Razón)