La Paz, 27 de septiembre 2022 (ATB Digital).- Durante su primera conferencia de prensa como nuevo defensor del Pueblo, Pedro Callisaya dio detalles de algunas de las principales tareas que encarará, de hoy en adelante, al mando de esa institución.
Afirmó que una de las primeras tareas será “recuperar la confianza” de la población en la institución, en función a una lógica de “puertas abiertas” para defender los derechos humanos “sin distinción”.
En el ámbito administrativo-institucional, Callisaya anunció que se “agradecerá” los servicios prestados por el personal adjunto que trabajó durante el interinato de Nadia Cruz, además que se nombrará a nuevos delegados defensoriales para los nueve departamentos.
En ese marco, aseguró que se respetará “la meritocracia” para esas designaciones y que se posesionarán “nuevas autoridades”, que deben trabajar en función a una “dinámica institucional” diferente, para una “efectiva defensa” de los derechos humanos.
Además, “vamos a hacer un proceso de evaluación interna (…) no solo al personal o a los funcionarios, sino a la gestión misma de la institución, para construir una nueva lógica de trabajo (…). Es importante hacer un diagnóstico y una evaluación institucional, desde la perspectiva administrativa y funcional, para realizar el trabajo”, enfatizó Callisaya.
El nuevo Defensor del Pueblo afirmó que si amerita una auditoría a la institución “la vamos a realizar, en la medida en que sea necesaria”.
“Estamos en una institución debilitada económicamente, tenemos un presupuesto que supera el 70% en sueldos, que no son extremadamente altos, en comparación con otros órganos del Estado (…). Hay que mirar esa debilidad institucional”, enfatizó.
Entre otras tareas institucionales, Callisaya afirmó que la Defensoría interpondrá sus buenos oficios en el conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), con el objetivo de generar un espacio de “diálogo para pacificar esta situación”.
Respecto a la reforma judicial en el país, se prevé la generación de espacios para “escuchar las propuestas de la sociedad civil”, ante eventuales ajustes normativos.
Fuente: La Razón