La Paz, 28 de septiembre (ATB Digital).- 48 exministros difundieron este miércoles un pronunciamiento en el que respaldan la decisión que asumió Evo Morales de defender la integridad del territorio nacional de los afanes separatistas de las denominadas élites cruceñas de entonces, entre 2008 y 2009, a la cabeza del Comité Cívico de Santa Cruz.
El comunicado señala que el documento de la CIDH, hecho publico en días pasados, no constituye una sentencia ni un fallo sino una recomendación al Estado boliviano, “para que investigue hechos que los acusados de separatismo denunciaron como violatorios”.
“Las exministras y los exministros de Estado que tuvimos el honor de participar en el Gobierno del Presidente, Evo Morales, ratificamos nuestro respaldo patriótico y revolucionario a las decisiones que se tomaron en bien de la unidad de la Patria y de nuestro pueblo”, indica el escrito.}
Destacan también que “Evo Morales tuvo la valentía de frenar el separatismo, recuperar la patria, mantener su integridad, y fortalecer la democracia para los bolivianos y bolivianas cumpliendo una obligación moral, legal y constitucional que debe honrar toda máxima autoridad de Estado”.
Los excolaboradores, además, denuncian que “grupos de derecha involucrados en el separatismo y sus medios de comunicación se han dado a la tarea de mentir deliberadamente a la opinión pública afirmando que el informe citado incluye una recomendación para el procesamiento penal del ex Presidente Evo Morales, lo cual es absolutamente falso”.
“Se trata de un informe del trabajo de una Comisión de la CIDH que formula sugerencias al Estado boliviano y que, seguramente, serán respondidas por la Procuraduría de nuestro país en los plazos previstos”, concluyen.
Aqui compartimos el texto completo:
DEFENDER LA PATRIA DEL SEPARATISMO JUNTO A EVO
Entre 2008 y 2009 Bolivia sufrió una estrategia planificada por los grupos de poder económico y político de la derecha más retrógrada de cuatro regiones de Bolivia: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija que conformaron la mal llamada “Media luna“, que intentó impedir las deliberaciones de la Asamblea Constituyente y evitar la aprobación y vigencia de la nueva CPE. Con ese fin, y buscando la desestabilización del gobierno del presidente Evo Morales y el caos en el país, el grupo de la oligarquía regional alentó enfrentamientos entre Sucre y La Paz por la sede de la capital política, ejecutó la toma y saqueo de instituciones públicas, la voladura de gasoductos y violencia sistemática social y racial contra sectores populares y campesinos con grupos de estructura paramilitar como la Unión Juvenil Cruceñista.
En ese contexto, el referéndum de agosto de 2008 ratificó con el 67 por ciento de los votos el apoyo democrático del pueblo boliviano al Presidente, Evo Morales, y al Vicepresidente, Alvaro García Linera, en tanto que revocó el mandato de autoridades regionales de la Media Luna, que respondió con desacato, declaratoria de bloqueo de caminos, desabastecimiento de alimentos y el desarrollo de un golpe cívico y militar que en Pando derivó en el cerco y la “Masacre de campesinos y estudiantes del Porvenir”, organizado por el prefecto Leopoldo Fernández, y en Santa Cruz con el inicio de un plan separatista.
Sin aceptar la provocación a los actos violentos, racistas y desestabilizadores, el pueblo boliviano siguió su camino democrático y pacífico al aprobar con el 61 por ciento de los votos en las urnas, por primera vez en 184 años de vida republicana, una nueva Constitución Política del Estado. La flamante Carta Magna nacida de la histórica lucha del pueblo más oprimido creó el Estado Plurinacional de Bolivia, reconoció los derechos de los pueblos excluidos y los principios sagrados de soberanía, dignidad e integridad de la patria. Dio la propiedad de los recursos estratégicos a los bolivianos y reconoció la autonomía para regiones y territorios indígenas, entre otras medidas
Derrotada la Media Luna y con una nueva CPE en marcha, la oligarquía cruceña alentó la división de Bolivia y la creación de un nuevo país siguiendo la idea del Comité pro Santa Cruz y su secretario general, Sergio Antelo Gutiérrez, quien señaló en 2001: “Entendemos a nuestro extenso territorio, como la patria común de todos los cambas, es indivisible y se extiende, hasta donde llega nuestra cultura, constituye la base material de nuestro PODER NACIONAL.” La “nación camba” es indivisible, pero Bolivia sí puede y debe dividirse para formar aquella ”(Memorándum Comité pro Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra, 14 de febrero del 2001, del siglo XXI).
La oligarquía cruceña que siempre se pensó dueña de Santa Cruz repartiendo las instituciones locales como herencias familiares puso en marcha el plan separatista financiándolo, organizándolo y apoyando logísticamente sus operaciones. También contrata la llegada y estadía de un grupo de mercenarios expertos liderado por Eduardo Rosza Flores, cabecilla de un grupo de paramilitares en la guerra de los Balcanes, responsables de crímenes de guerra contra la población civil indefensa.
Una, entre muchas pruebas irrebatibles de la estrategia y acciones separatistas, la dio el propio mercenario Eduardo Rosza Flores al periodista Andras Kepes, 8 de septiembre de 2008, poco antes de su ingreso a Bolivia cuando, entre otras cosas, señala: “SI, SI NO HAY AUTONOMÍA, SI NO HAY CONVIVENCIA CON AUTONOMÍA, PROCLAMAMOS LA INDEPENDENCIA Y FUNDAREMOS UN PAÍS NUEVO”. Las pruebas de la preparación, pagos de viajes, financiamiento, ingreso, entrenamiento y planos de operaciones se hallan consignados con minuciosa veracidad en el ”Informe Conclusivo: Terrorismo Separatista en Bolivia” de la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados, 2009.
Las actividades separatistas fueron descubiertas por el Estado boliviano y en el proceso que se instauró a los cabecillas, acatando la CPE, se develó la magnitud de las operaciones y el involucramiento no solo de personajes sino de instituciones en este plan de alta traición a la patria. Muchos acusados se sometieron a juicios abreviados admitiendo su culpabilidad en las acciones separatistas y dando detalles y pruebas de organización terrorista y de otras acciones ilegales en un largo e intrincado proceso e investigación por la magnitud del hecho y el involucramiento de mercenarios extranjeros.
Los intentos de secesión continúan hoy. Algunos de los que alentaron el plan separatista tuvieron protagonismo en el golpe de Estado de 2019 y hasta ocuparon cargos públicos con la acción ilegal del ministro de gobierno de facto, Arturo Murillo, que como “regalo por el aniversario de Santa Cruz” liquidó el proceso judicial del caso y dejó en libertad a los responsables del separatismo. Precisamente, esos mismos pretenden, hoy, acusar a Evo Morales, primer Presidente indígena anticolonial y antiimperialista, que defendió nuestro suelo sagrado y la integridad de nuestro territorio contra el grupo de mercenarios extranjeros. Evo Morales tuvo la valentía de frenar el separatismo, recuperar la patria, mantener su integridad, y fortalecer la democracia para los bolivianos y bolivianas cumpliendo una obligación moral, legal y constitucional que debe honrar toda máxima autoridad de Estado.
Las ex Ministras y los ex Ministros de Estado que tuvimos el honor de participar en el gobierno del Presidente, Evo Morales, ratificamos nuestro respaldo patriótico y revolucionario a las decisiones que se tomaron en bien de la unidad de la Patria y de nuestro pueblo. Del mismo modo, seguiremos defendiendo las grandes conquistas que hoy dan estabilidad y certidumbre a millones de bolivianos y bolivianas.
Finalmente, aclaramos al pueblo boliviano que el informe de la CIDH recientemente difundido por alguna prensa no constituye una sentencia ni un fallo sino una recomendación al Estado boliviano para que investigue hechos que los acusados de separatismo denunciaron como violatorios de sus Derechos Humanos. A su vez, denunciamos que los grupos de derecha involucrados en el separatismo y sus medios de comunicación se han dado a la tarea de mentir deliberadamente a la opinión pública afirmando que el informe citado incluye una recomendación para el procesamiento penal del ex Presidente Evo Morales, lo cual es absolutamente falso. Se trata de un informe del trabajo de una Comisión de la CIDH que formula sugerencias al Estado boliviano y que, seguramente, serán respondidas por la Procuraduría de nuestro país en los plazos previstos.
La Paz, 28 de septiembre de 2022
EX MINISTRAS Y EX MINISTROS DEL GOBIERNO DE EVO MORALES:
Roberto Aguilar
Noel Aguirre
Wilma Alanoca
Nemesia Achacollo
Rafael Alarcón
Patricia Ballivián
Ariana Campero
Iván Canelas Alurralde
Milton Claros
César Cocarico
Guillermo Dalence
Amanda Dávila
Alberto Echazú
Alex Gálvez
Pablo Groux
Mario Guillén
Nila Heredia
Héctor Hinojosa
Fernando Huanacuni
José Kinn
Sacha Llorenti
Marko Machicao
René Martínez
Mabel Monje
Gabriela Montaño
Teresa Morales
Alexandra Moreira
César Navarro
Carlos Ortuño
Claudia Peña
José Pimentel
Mariana Prado
Juan Ramón Quintana
Alfredo Rada
Antonia Rodríguez
Casimira Rodríguez
Carlos Romero
Hugo Salvatierra
Vladimir Sánchez
Luis Alberto Sánchez
Daniel Santalla
Nélida Sifuentes
Juan José Sosa
Nardy Suxo
Celima Torrico
Gonzalo Trigoso
Javier Zabaleta