La Paz, 7 oct 2022 (ATB Digital).- Luego de pedir a la clase obrera estar
atenta, el presidente Luis Arce Catacora afirmó este viernes que el
Gobierno nacional no permitirá una reedición del golpe de Estado de 2019
ante los afanes desestabilizadores de personas antidemocráticas que
apelan a distintos mecanismos para “hacerse del poder”.
Durante
el acto por los 71 años de la Confederación General de Trabajadores
Fabriles de Bolivia (CGTFB), el jefe de Estado denunció que hay personas
“que nunca les ha agradado nuestro Estado Plurinacional, la inclusión
de muchos sectores y tampoco les gusta la democracia cuando no les
conviene”.
“Cuando la democracia no
les es útil empiezan a cuestionarla y empiezan a utilizar otros
mecanismos extra democráticos para hacerse del poder y en eso la clase
obrera debe estar muy atenta, lo hemos vivido el 2019 con el golpe de
Estado”, refirió Arce.
“Estamos
seguros que ningún fabril, que ningún minero, que ningún trabajador está
dispuesto repetir esa triste historia del país”, dijo al aludir a los
hechos de 2019 cuando movilizaciones por los resultados de las
elecciones generales de ese año llevaron a las Fuerzas Armadas a sugerir
al entonces presidente Evo Morales que dimita.
Tras
ello, la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, se
autoproclamó presidenta del Estado ante una Asamblea Legislativa que no
reunía el quorum necesario y dio carta blanca a las Fuerzas Armadas para
que operen contra la población, dejando un saldo de más de una
treintena de muertos en los operativos en Sacaba (Cochabamba) y Senkata
(El Alto), definidas como masacres por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
“Estamos
seguros, conjuntamente el pueblo boliviano, nuestros hermanos de la
Central Obrera Boliviana, nuestras organizaciones sociales, estamos
seguros que eso no se va a repetir porque el Gobierno nacional no lo va a
permitir”, aseguró tajante el jefe de Estado.
Al
igual que sucedió en 2019, el Comité Cívico pro Santa Cruz ahora
dirigido por Rómulo Calvo, que tiene de aliado al gobernador Luis
Fernando Camacho, alienta un paro indefinido a partir del 22 de octubre
si el gobierno nacional no fija para el 2023 la realización del Censo de
Población y Vivienda.
Amparado en el
mandato del cabildo, el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, que se
constituyó en el ente para exigir la realización del Censo, cerró las
posibilidades de diálogo sobre el proceso censal en tanto el Gobierno no
abrogue el Decreto Supremo 4760 que fijó la realización de la encuesta
nacional para el primer semestre de 2024.
En
consecuencia, descartó su participación en la reunión del 11 de octubre
que tiene el objetivo de conformar una mesa técnica con el Instituto
Nacional de Estadística (INE) y los representantes del Fondo de
Población de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal).
Mientras
el Comité Interinstitucional marca distancia de las labores en pro del
Censo, la Alcaldía de Santa Cruz y la Asociación de Municipios de Santa
Cruz (Amdecruz) participaron el jueves de la reunión virtual con el INE
con el fin de continuar con la coordinación para celebrar la encuesta
nacional.
En medio de ese escenario,
la Central Obrera Boliviana (COB) y los trabajadores fabriles se
declararon en estado de emergencia para frenar cualquier intento
desestabilizador.
“La Central Obrera
Boliviana ha cerrado filas y no va a permitir la desestabilización de
nuestro Gobierno, tampoco va a permitir la desestabilización de las
organizaciones sociales del país”, advirtió el secretario ejecutivo de
la COB, Juan Carlos Huarachi.
En
sintonía, el ejecutivo de la CGTFB, Mario Segundo Quispe, afirmó que los
trabajadores fabriles de los “nueve departamentos vamos a defender a
nuestro presidente”. “No vamos a dejar que los opositores estabilicen”,
aseguró.
ABI