La Paz, 14 oct 2022 (ATB Digital).- La Justicia rechazó este jueves la
“excepción de incompetencia” presentada por la exsenadora Jeanine Áñez y
se abre paso para que sea procesada en la vía penal, en la demanda
interpuesta por la designación irregular de la responsable de la Empresa
Boliviana de Alimentos (EBA) en 2019.
“Declara
infundada la excepción de incompetencia en razón de materia impetrada
por la ciudadana Jeanine Áñez Chávez”, establece la resolución del
Juzgado Tercero Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz.
En
la audiencia virtual, la defensa de la acusada anunció que apelará la
decisión sobre la demanda de “incompetencia” planteada bajo el criterio
de que si fue expresidenta le correspondería un juicio de
responsabilidad y no penal, como se le instauró por el caso EBA.
El
juez Torrejón rechazó el razonamiento planteada en el recuso legal y
abrió paso para que se la procese en un juicio penal ordinario.
El
activista de derechos humanos David Inca explicó que este fallo
judicial es un precedente para que la Fiscalía impute a la presidenta de
facto por los hechos de violencia y muerte en las masacres de Sacaba y
Senkata de 2019.
“Habilitaría a la
comisión de fiscales para que, en el tiempo que ellos vean, presenten la
imputación y decir con nombre y apellido el grado de autoría (de Áñez y
del resto de acusados)”, explicó.
La
Fiscalía la imputó en noviembre de 2021 por la designación irregular de
Karina Leiva Áñez como gerenta de la Empresa Boliviana de Alimentos
(EBA) en mayo de 2020. Pidió su detención preventiva por seis meses.
Se
la acusa de nombramientos ilegales; resoluciones contrarias a la
Constitución y las leyes; incumplimiento de deberes; anticipación o
prolongación de funciones; y complicidad. Karina Leiva Áñez, según la
investigación, no cumplía requisitos para el alto cargo, como una
licenciatura.
En abril, Áñez logró
que la Justicia falle en su favor y sea apartada del juicio penal, pero
los afectados apelaron y lograron anular la decisión porque la acusada
no presentó ninguna documentación que acredita haber sido legalmente
Presidenta de Bolivia.
La exsenadora
se encuentra detenida en la cárcel con sentencia condenatoria por la
toma de la presidencia del Senado en 2019, sin haber cumplido los
preceptos constitucionales y el Reglamento de Debates. Ese hecho le
valió hacerse del poder, con el aval de políticos de oposición y
cívicos, sin haber cumplido procedimientos ni formalidades legales,
según la pesquisa de la Fiscalía.
Tomó
el poder, luego de la forzada renuncia del expresidente Evo Morales,
acorralado por una protesta cívica violenta, un motín policial y la
“sugerencia” militar de la renuncia presidencial.
ABI