La Paz, 15 de octubre 2022 (ATB Digital).- El abogado constitucionalista Israel Quino indicó que Jeanine Añez no cuenta con una acreditación legal en cuanto a su ejercicio como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, razón por la cual puede ser procesada por la vía ordinaria.
“Con estos precedentes jurídicos procesales, el juez valora la inexistencia de un documento jurídico que acredita la condición de presidenta de Estado y define que, ante la inexistencia de una acreditación legal del ejercicio, no goza de fuero de privilegios, sino de un juzgamiento por la vía ordinaria”, explicó el jurista.
El juez Heber Torrejón decidió el jueves rechazar el recurso de excepción de incompetencia de la exsenadora Jeanine Añez y, en consecuencia, debe ser procesada en la vía penal, en la demanda interpuesta por la designación irregular de la responsable de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2019.
Quino indicó que con este último fallo, el juez tercero anticorrupción de La Paz tomó la decisión procesal de juzgarla ya no en la vía de privilegios, sino en la vía ordinaria. Esto significa que el proceso por el que se la está imputando por esos delitos va a continuar en la vía ordinaria y una vez que finalice la etapa preparatoria la van a poder acusar en esa vía.
En Bolivia existe la Ley 044 de juicio de responsabilidades que fue modificada por la Ley 612, en la que existe un procedimiento de privilegios en el caso de juzgamiento de exdignatarios de Estado, pero existe un vacío jurídico sobre gobernantes inconstitucionales.
“La ley no define si el juzgamiento es hacia presidentes constitucionales, que es la regla, pero tampoco prevé a gobernantes que llegaron por la vía inconstitucional, pero ejercieron el cargo de gobierno. Allí existe un vacío jurídico de la norma, por ello surge el debate entre justicia ordinaria o juicio de responsabilidades”, agregó el abogado.
En la audiencia virtual, la defensa de Añez anunció que apelará la decisión sobre la demanda de incompetencia planteada bajo el criterio de que si es expresidenta, le correspondería un juicio de responsabilidad y no penal, como se le instauró por el caso EBA.
Fuente: Ahora El Pueblo