Santa Cruz, 28 de octubre de 2022 (ATB Digital).-Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico, anunció que el paro continúa, después de que no se hubiera concretado una fecha para la realización del censo, en la reunión efectuada este viernes en Cochabamba, a convocatoria del Gobierno.
“El Gobierno sigue subestimando el sacrificio de una población que está exigiendo un derecho (…) Han querido callar la voz de un cabildo, la voz de un millón y medio de personas, que pidieron una fecha, una fecha que le hemos dicho al pueblo boliviano, no se negocia”, expresó.
Determinarán nuevas medidas después de la llegada del rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, quien asistió a la reunión del Gobierno, en representación de la Comisión Interinstitucional Impulsor del Censo en 2023.
“El Gobierno se ha hecho el sordo; nos ha demostrado que no tiene voluntad para dar solución”, expresó Calvo.
Además, denunció la presión, las amenazas y el estropeo al cruceño que, “en todo su derecho se encuentra en las calles transmitiendo su disconformidad por las acciones que toma el Gobierno”.
“El paro continúa, nosotros tenemos que hacernos escuchar”, señaló Calvo, e indicó que el objetivo es dar una solución que beneficie a todos los bolivianos y que garantice un censo.
En ese sentido, confirmó que se respetará la determinación tomada por el cabildo del 30 de septiembre.
Desde Cochabamba, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, hizo un recuento de la jornada. Descalificó la participación cruceña y arremetió contra el Gobernador Luis Fernando Camacho, por su inasistencia.
“Lamentamos que no se haya venido a este espacio con un poder de decisión para dar certidumbre a nuestro país”, señaló Prada, a tiempo de indicar que la respuesta del rector Cuéllar, de consultar al Comité Interinstitucional, fue “repudiada” y “rechazada de manera categórica”.
Y volvió a desacreditar a Cuéllar: “El rector, como representante sin poder de decisión, ha solicitado que se dé un día para responder en torno a las propuestas (sobre la fecha del censo)”.
“No puede ser que dos personas, estoy refiriéndome al gobernador de Santa Cruz y al presidente del Comité pro Santa cruz, condicionen de esta manera a todo el resto de autoridades electas de nuestro país”, manifestó airada y las responsabilizó de los actos de violencia que este viernes se vivieron tanto en las provincias, como en la capital cruceñas.
Los aludidos restaron importancia a las acusaciones de Prada. “No creemos en la palabra del Gobierno, peor escuchando las declaraciones de la ministra (de la Presidencia)”, señaló Calvo, quien enumeró distintas características de los cruceños que, a su juicio no comparte Prada, de quien indicó: “se dice ser cruceña”.
“Los cruceños tenemos una mente amplia, los cruceños vivimos con esperanza; pedimos mejores días para los bolivianos, no para un partido político; no estamos pensando en dañar un país”, afirmó Calvo.
Además sostuvo que la de Cochabamba “ha sido una reunión política en la que han querido enfrentar al pueblo de Santa Cruz, con mentiras”.
Por su parte, el gobernador Luis Fernando Camacho también respondió a Prada: La ministra carece de credibilidad hace mucho tiempo. La mentira en su boca se ha hecho su diario vivir. Querer decir que dos personas truncan… No, señora ministra: ¡es todo un cabildo! (…) Se llama respetar la legitimidad de un pueblo”, expresó.
Camacho observó la forma en la que el Gobierno llama al diálogo y al consenso. “Cuando llama a un diálogo, lo llama de forma real. No puede llamar a un diálogo cuando toda la jornada han estado pateando a nuestra gente, todo el tiempo; desde la provincia hasta el Plan 3.000. Esa no es la manera (en la) que se busca un consenso”, sostuvo Camacho.
Acuerdos
Según Prada, las conclusiones a las que llegaron fueron: que el censo es técnico; que será inclusivo y participativo; que la fecha será determinada técnicamente -sin embargo, al final se refirió a dos opciones: que sea en abril de 2024 y que los recursos económicos se distribuyan en octubre del mismo año, o que la fecha quede abierta para que una comisión técnica la defina-, que se incluyan nuevos indicadores para la distribución de recursos económicos y, que no permitirán “ningún tipo de amenazas ni intento de desestabilización de autoridades electas”.
(El Deber)