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Chileno secuestrado: más de 123 horas en vilo, ‘chuteros’ tras llamadas extorsivas y causa en reserva

Chileno secuestrado: más de 123 horas en vilo

Cochabamba, 27 de noviembre  2022 (ATB Digital).-Fernando Enrique S.J. es un joven de nacionalidad chilena que se mudó a Cochabamba, Bolivia, para cumplir su sueño de ser médico. Estudiaba en una universidad privada hasta hace dos semanas cuando fue víctima de secuestro en la Llajta.

Se reencontró con su hermana tras 123 horas y 45 minutos de haber estado incomunicado y alejado de su hogar. Apareció la noche del sábado 19 de noviembre en la antigua terminal de buses de Oruro, distante a unas cuatro horas de Cochabamba. Según la Policía, uno de los secuestradores, conocido como El Chutero, sería amigo de la familia de la víctima. Ese hombre tendría como actividad la venta de autos indocumentados.

Para los investigadores, El Chutero actuó con su pareja y sus dos hijos y ahora todos están siendo buscados. Ellos pedían 150 mil dólares (casi 140 millones de pesos chilenos) a cambio de la libertad de Fernando Enrique S.J. 

Por el caso, el propietario del motorizado usado para el traslado de la víctima se encuentra detenido preventivamente en una cárcel. Según la Policía y la Fiscalía, hay avances en la investigación, pero los detalles los mantienen en reserva para no entorpecer el proceso. 

Todo comenzó el lunes 14 de noviembre, al promediar las 17:00. Fernando salió de su departamento, ubicado en la zona de Cala Cala, para recoger una encomienda que su madre le envió de Chile con una persona de confianza. 

Según la denuncia, el estudiante se contactó por WhatsApp con una de sus amistades. Las personas que debían entregarle las cajas hicieron que se suba a un vehículo porque supuestamente tenían que recoger la encomienda de otro lado. Fernando dudó de ellos y le envió a su amigo su ubicación en tiempo real.

Su amistad le preguntó si esas personas lo regresarían al edificio porque estaba alejándose de la ciudad y él supuso que así iba a ser. Casi a las 17:45 se encontraba por Santiváñez y luego, a las 18:10, estaba en Capinota. Su última ubicación marcó en Achamoco.

Fernando no respondía los mensajes. Los amigos que vivían con él comenzaron a preocuparse y preguntaban a otras amistades si sabían algo del joven, pero nadie conocía de su paradero. Al día siguiente, se dirigieron a la Estación Policial Integral (EPI) Norte para reportar su desaparición. 

A las 13:00 tomaron conocimiento de que los familiares de Fernando, quienes viven en Chile, recibieron una llamada extorsiva, desde un teléfono habilitado en Bolivia. Un hombre les dijo que el estudiante estaba secuestrado y que debían pagar en efectivo 150 mil dólares por su libertad.

PRUEBA DE VIDA

Su familia tenía dudas. No sabían si se trataba de una estafa o una broma de mal gusto. No entendían lo que estaba pasando, pero estaban angustiados debido a que Fernando no respondía los mensajes ni llamadas. La última comunicación con su madre fue la tarde del 14 de noviembre. 

Pidieron una “prueba de vida”. El secuestrador puso al teléfono a Fernando y, de esa manera, su madre, hermanas y otros familiares confirmaron que estaba retenido en algún lugar de Bolivia. El autor pidió 150 mil dólares de rescate y amenazó con matar al joven si buscaban ayuda en la Policía. 

La madre y hermanas de la víctima no sabían qué hacer. Se encontraban desesperadas porque los secuestradores les habían dado solo unas horas para recaudar el dinero. Ellas no tenían ese monto y recurrieron a parientes y amigos. Además, comenzaron a vender sus bienes con la intención de rescatar a Fernando.  

No encontraban salida. La mamá del joven decidió aproximarse a las oficinas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile. La Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) tomó conocimiento del caso y realizó las gestiones con la Policía de Bolivia.

La denuncia a Bolivia llegó por dos vías. Una por la demanda puesta en Alto Hospicio, Chile, y la otra por reporte de los amigos en Cochabamba.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Sergio Bustillos, informó que conformaron un equipo multidisciplinario para investigar el secuestro del chile.

CAE DUEÑO DE AUTO USADO EN RAPTO

La Policía revisó las grabaciones de cámaras de vigilancia. Para Bustillos, la “punta del ovillo” fue la imagen del motorizado al que subieron a Fernando. Los investigadores trazaron la ruta, accedieron al flujo de llamadas e hicieron la georreferenciación, entre otros actos investigativos que dieron pistas. Sabían que se encontraba en Challapata, Oruro, pero la “señal era difusa”. Presumen que los secuestradores se movían constantemente para evitar ser capturados.

El caso estaba siendo investigado en Cochabamba y en Oruro. La Policía dio con el paradero del propietario del motorizado usado en el secuestro. El hombre se mostró al principio cooperador. Declaró que él había alquilado su vehículo para un viaje al Valle Alto de Cochabamba y que, desde entonces, no supo más de las personas que habían rentado su auto.

El Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), dependiente de la FELCC, realizó las pericias necesarias del celular del ciudadano que decía haber alquilado su movilidad, misma que aún no ha sido ubicada. Personal de esa unidad descubrió que el dueño del auto tuvo comunicación fluida con los secuestradores. Si era considerado sospechoso debía reportar el robo de su taxi y negarlo todo, según la instrucción que recibió de los raptores.

Con toda esa información, los asignados le hicieron otras preguntas más. Terminó confesando que esas personas le ofrecieron ser parte del delito e iba a recibir mil dólares. Dijo que se negó y que solo les alquiló su movilidad.

El caso se maneja con hermetismo. La Policía estuvo en vilo por el secuestro del chileno. La familia de la víctima temía por la integridad de Fernando Enrique y decidió cortar comunicación con la Policía de Chile y de Bolivia.

La negociación era directa. El dinero que exigían por la liberación del estudiante debía ser entregado en Bolivia. La Policía conoció que la hermana de Fernando acompañada de otras dos personas, de nacionalidad chilena, estaban cruzando la frontera. Finalmente, lograron ubicarlos y los llevaron al Comando Departamental de la Policía de Oruro.

La hermana recibió una llamada, mientras era custodiada por los uniformados. Fernando le comunicó que estaría en la exterminal de buses de Oruro. La Policía se desplazó por toda la zona y siguió el reencuentro. La víctima que estaba “desorientada” fue evacuada junto a su familiar. Al secuestrado le dijeron que recoja el dinero del rescate no sin antes advertirle que estarían siguiéndolo, pero la plata no llegó a manos de las personas que lo llevaron hasta esa ciudad.

Fernando manifestó que estaba retenido en una zona alejada, presuntamente en Challapata, pero no conocía el lugar.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, confirmó el domingo 20 de noviembre que el súbdito chileno había sido ubicado. “Luego de un arduo trabajo de investigación y seguimiento en coordinación con familiares de la víctima, (Fernando Enrique) fue encontrado a las 20:45 del día de ayer (19 de noviembre) en inmediaciones de la antigua terminal de Oruro, sin signos de violencia, donde fue devuelto a su familia para que retornen a su país”.

La Policía de Bolivia custodió a Fernando, su hermana y a otros dos chilenos hasta el punto fronterizo donde aguardaba la PDI de Chile. El joven se encuentra en su país.

Sus familiares dejaron de realizar publicaciones relacionadas al secuestro. Solo uno dio a conocer que Fernando pronto iba a estar en su hogar. Se presume que temen represalias de los secuestradores y han evitado el contacto con medios de comunicación.  

“CHUTEROS”, PRESUNTOS AUTORES

Según las investigaciones policiales, hay cuatro personas identificadas como presuntos secuestradores de Fernando Enrique S.J. Se trata de una familia que se dedica a la venta de autos indocumentados.

“Se logra establecer que (el grupo de secuestradores) estaba conformado por un clan familiar. Su identidad está en reserva”, manifestó Bustillos a tiempo de mencionar que los policías están detrás de ellos.

El artículo 334 del Código Penal de Bolivia establece que “el que secuestrare a una persona con el fin de obtener rescate u otra indebida ventaja o concesión para sí o para otros como precio de la libertad de la víctima, será sancionado con la pena de 5 a 15 años de presidio. Si como consecuencia del hecho resultaren graves daños físicas en la víctima o el culpable consiguiere su propósito, la pena será de 15 a 30 años de presidio. Si resultare la muerte de la víctima, se aplicará la pena correspondiente al asesinato”. 

Según Bustillos, los autores han sido identificados y los policías buscan ejecutar las órdenes de aprehensión. Son de nacionalidad boliviana. Los avances de las investigaciones se desarrollan con hermetismo.

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