Santa Cruz, 04 de diciembre de 2022 (ATB Digital). – Mientras los cívicos y el gobernador cruceño Fernando Camacho se declaran en emergencia y se consideran perseguidos políticos, el vocero presidencial, Jorge Richter, advirtió que no habrá impunidad que quede en la historia y pidió celeridad a la justicia para sancionar a los responsables de la violencia en el paro cruceño.
“No habrá un tiempo de impunidad infinito para las personas que generaron la ruptura de 2019, este intento también de ruptura y golpe de Estado en 2022 y estas muertes que cada vez que ellos intervienen aparecen, acto seguido a colación de sus acciones; no habrá una impunidad que quede en la historia de que aquello que ellos hicieron nunca tuvo responsabilidad ni sanción”, sostuvo ayer en el programa Taypi, de radio Kawsachun Coca.
Richter consideró que el Órgano Judicial debe ser más expedito para atender las denuncias sobre los casos de violencia en Santa Cruz y recordó que el paro cívico provocó la muerte de cuatro bolivianos.
“Hay citaciones a declarar que la gente está esperando que se concreten, hay señalamientos donde se dice que se han aceptado las demandas, que se va a iniciar el proceso de investigación”, señaló.
El portavoz presidencial acotó que la justicia debe situarse en el nivel de las expectativas que tiene la gente con relación a lo que pasó en Santa Cruz y lamentó que quienes protagonizaron estos hechos violentos hablan hoy de persecución política y uso de la justicia.
Recordó que existen demandas contra el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, por los daños causados a Santa Cruz en los 36 días de paro.
“Vamos a insistir en esto, en decir que la justicia tiene que ser más rápida, más diligente, actuar con celeridad porque hay una población ahí afuera que está esperando y aguardando pacientemente (…) de que aquellos que han hecho de un espacio territorial un espacio sin justicia, pues decirles que esto no va a llegar, que los señores que han generado muerte y ruptura institucional tengan que rendirle cuentas y explicarle a la justicia lo que hicieron”, sostuvo el portavoz.
Richter recordó que el paro cívico cruceño le costó al país $us 1.200 millones en pérdidas y que también en este tema se debe juzgar a los responsables.
“Más pronto que tarde vamos a encontrar que la justicia tiene que dar una respuesta a la gente. Protestar es un derecho, pero que genere muerte es inadmisible. Ese tiempo va a llegar”, apuntó.
Rearticulación
El analista político Gabriel Villalba observó que los cívicos y el gobernador Camacho pretenden generar una nueva bandera para generar conflicto con el Gobierno, con el objetivo de rehuir a la justicia e intentar, nuevamente, rearticular al bloque opositor de derecha en el país.
“Decíamos que el Censo era una excusa de lucha y de movilización que los cívicos cruceños utilizaron coyunturalmente, luego recurriendo al tema del federalismo. Posteriormente cuando ese debate se aparta de la agenda mediática apelan al tema de la persecución política, que es un eslogan muy repetitivo de la oposición boliviana”, dijo.
Villalba recordó todos los hechos violentos y de violación de los derechos humanos que generaron los cívicos y Camacho en Santa Cruz y aseguró que la escalada de violencia no fue un hecho fortuito, sino que estuvo planificado.
El analista observó que este nuevo escenario que Camacho y los cívicos intentan construir apunta a articular a la oposición en el país, puesto que ese objetivo no fue logrado con la movilización por el Censo y la propuesta de federalismo. En ese sentido, alertó que la tensión y conflictividad contra el Gobierno continuará con otras banderas de conflicto.
Se declaran en emergencia por posibles juicios penales
El Comité Cívico pro Santa Cruz emitió un comunicado en el cual se declara en emergencia, ante lo que ellos consideran como persecución política del Gobierno en su contra, debido al anuncio de procesos contra quienes impulsaron el paro de 36 días, donde se generaron hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos.
“Nos declaramos en estado de emergencia y alerta permanente, exigiendo el cese de la persecución política. Llamamos al pueblo cruceño estar atento al llamado de sus instituciones para defender en las calles, de ser necesario, a nuestros líderes”, señala el documento.
El manifiesto se da luego de que varias autoridades asegurarán que los cuatro decesos, los varios heridos, la violación grupal hacia una mujer en un punto de bloqueo, las agresiones a indígenas ayoreos y otros hechos no iban a quedar impunes.
(Ahora El Pueblo)