Perú, 17 de diciembre de 2022 (ATBDigital).- La Policía junto al Ejército peruano allanó este sábado locales de las organizaciones populares, en particular la de la Confederación Campesina del Perú, colindante con el local del partido político Nuevo Perú, el cual también tomó.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció que en esos locales solo se alojan personas de diversas regiones que han llegado a la capital para protestar contra el Gobierno instaurado tras la vacancia del presidente Pedro Castillo por el Congreso, el pasado 7 de diciembre.
En respuesta, Nuevo Perú calificó de irregular al allanamiento que realizó la Policía, al tiempo que denunció que la corporación castrense no permitió el ingreso de la congresista Ruth Luque Ibarra “a atestiguar el allanamiento de nuestro local. Tampoco permite que ingresen representantes de organizaciones de derechos humanos.
Desde el local intervenido de Nuevo Perú exhibieron carteles con consignas como “Campesinos libertad” y “Nos tienen secuestrados”.
Asimismo, denunciaron que fue personal de la Policía “vestido de civil el que dirige este allanamiento en el que no se respetan los derechos fundamentales” y reiteraron que no permitieron “el ingreso de abogados ni testigos. Hay riesgo de siembra de material y violencia contra las personas alojadas en el interior”.
El operativo se realizó en el marco del segundo día del estado de emergencia, decretado por el Gobierno de Dina Boluarte ante las protestas y la represión en el Perú. La Policía llegó a estos locales en búsqueda de manifestantes que arribaron a la capital desde distintos puntos del país.
A través de las redes sociales, desde la Confederación Campesina y Nuevo Perú añadieron que la Policía empleó para el operativo a la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), cuyos agentes plantaron machetes y otras armas cortopunzantes para señalar a manifestantes pacíficos como terroristas.
Mientras tanto, la excandidata presidencial por Nuevo Perú, Verónika Mendoza cuestionó la legalidad del allanamiento y recalcó que el derecho a la protesta sigue vigente, pese a la declaración de estado de emergencia.
Hasta el momento, la represión estatal de la protesta por parte del Ejército y la Policía ha dejado más de 20 muertos y un número indeterminado de heridos.
Los manifestantes reclaman el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso, al cual acusan de golpista, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.