La Paz, 13 feb 2023.- El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó este lunes que los jerarcas de Iglesia Católica no tienen fuero especial para evitar declarar en el caso Golpe de Estado I y consideró que “su conciencia los haga culpables, es su problema”, ante las críticas surgidas por el pedido de que declaren.
En conferencia de prensa, Chávez aclaró que el artículo 195 del Código de Procedimiento Penal – que establece un “tratamiento especial” para distintas personas, entre ellas “representantes de misiones diplomáticas”- no alcanza a representantes de la Iglesia Católica.
Además, explicó que el artículo 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece con precisión que la “persona del agente diplomático es inviolable” y que por tanto “no puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto” y que “el Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad”.
En consecuencia, “el jefe de misión es el Nuncio Apostólico acreditado como representante del Estado del Vaticano y cumple esas funciones, los demás somos bolivianos, a menos que hayan adoptado una doble ciudanía con relación al Vaticano, eso tendría que explicar el fiscal, pero me parece que no”, argumentó el procurador.
De acuerdo con la exposición de Chávez, la petición para que los representantes de la Iglesia Católica declaren en este caso fue presentada el 20 de enero de 2023.
La jerarquía de la Iglesia Católica fue parte de las reuniones de noviembre de 2019 en la Universidad Católica Boliviana (UCB), donde políticos de oposición y cívicos determinaron que la exsenadora Jeanine Áñez tome el poder, tras el golpe de Estado y dimisión de Evo Morales.
La petición fue presentada al fiscal Omar Mejillones, para que acumule los elementos probatorios que sirvan de base para la imputación en contra de los responsables de los hechos de 2019 o el sobreseimiento.
“Nadie puede negar que en las jornadas del golpe de Estado”, la cúpula de la Iglesia Católica fue la promotora de las reuniones en la Universidad Católica Boliviana (UCB), en la zona Sur de la ciudad de La Paz, por lo cual “ellos tienen que dar un testimonio de lo que han hablado, han dicho y de lo que han hecho”, explicó.
“Estas personas están llamadas como testigos, han hecho una victimización, mediáticamente en todo lado, indicando que los estamos investigando, que ‘los pobrecitos’, que ‘el golpe de Estado’; aclaramos nosotros (los convocaron) como testigos, que su conciencia los haga culpables, es su problema”, cuestionó.
Recordó que varios de los participantes de esas reuniones de noviembre de 2019 señalaron a los medios de comunicación que buscaban “el camino más apegado a la Constitución” para tener un sustituto al entonces presidente Morales.
“Revisemos los titulares, quiénes han dicho eso, sino estas siguiendo la Constitución, ¿qué están haciendo? Una ruptura constitucional”, afirmó Chávez.
El procurador preguntó a la cúpula de eclesiástica por qué no acuden a declarar y cuál es el temor de hacerlo.
“Si no tienen nada que ocultar ¿por qué no van a declarar? ¿Cuál es el impedimento? Que nos niegue (la solicitud) el Ministerio Público, porque vamos a volver a presentar el memorial insistiendo en que declaren estas personas, porque es lo correcto, antes que se cierre las investigaciones”, explicó.
En el caso Golpe de Estado I se investiga la comisión de los delitos de terrorismo y conspiración.
En los procesos figuran la exsenadora Áñez y quienes la acompañaron en su administración de facto entre 2019 y 2020. Todos están bajo investigación.
Por este caso, el excívico Luis Fernando Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre de 2022 luego de negarse a declarar. Fue enviado el 30 diciembre a la cárcel de Chonchocoro con detención preventiva, por el lapso de cuatro meses, mientras se realizan las investigaciones.
En una reunión con su círculo de amigos, el propio Camacho reveló que su padre, José Luis, “arregló” con militares y policías para que no respalden al entonces presidente Morales durante la crisis. Eso derivó en el golpe de Estado, la toma del poder por parte de Áñez y las masacres de Sacaba y Senkata.
Por este hecho, en enero de este año, la Fiscalía amplió la investigación en contra del excívico por los delitos de cohecho y seducción de tropas.
(ABI)