La Paz, 8 mar 2023 (ATB Digital).- El exministro de la Presidencia de Jeanine Áñez, Jerjes Justiniano, anunció que no enfrentará a la justicia en el país y que tramita una solicitud de asilo político en Estados Unidos.
Justiniano fue uno de los ministros del primer gabinete de Áñez que firmó el Decreto Supremo 4078, bautizado luego como el “decreto de la muerte”.
“No, no estoy en Perú, estuve en Brasil por razones médicas, luego de ello pensé en quedarme en Perú, sin embargo, vi que las condiciones, tanto políticas como económicas no eran las mejores, decidí venirme a Estados Unidos, estoy en Estados Unidos desde el 22 de febrero y estamos haciendo los trámites necesarios para poder solicitar el asilo (político)”, indicó en contacto con el programa Fama Poder y Ganas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
Justiniano fue citado a una audiencia de Inspección Técnica Ocular por el caso Golpe de Estado I, al cual no se presentó debido a que tuvo que viajar a Brasil supuestamente por temas de salud.
El exministro Justiniano —según la parte denunciante— representó al excívico Luis Fernando Camacho en las reuniones extra legislativas en la Universidad Católica Boliviana donde presuntamente se definió que Áñez tome el poder tras un quiebre del orden constitucional en noviembre de 2019.
Por ello fue posesionado como Ministro de la Presidencia como parte de la cuota de poder de Camacho en el régimen de Áñez.
El abogado y político se mantuvo 21 días en el cargo y luego fue echado por el régimen.
Justiniano denunció en su momento que la presidenta de facto no tenía capacidad ni liderazgo, su gobierno fue corrupto y un ministro, Arturo Murillo, le susurraba al oído.
“El gobierno de Áñez se desnaturalizó, no fue de transición, quiso perpetuarse en el poder, fue una mala gestión, una gestión corrupta, y por lo tanto muchos aliados están huyendo porque fueron parte de esa corrupción, o por cierta ingratitud por la forma en la que fueron tratados, como Oscar Ortiz, por ejemplo”, dijo a la red PAT.
De Arturo Murillo, con condena en Estados Unidos por sobornos y lavado de dinero, aseguró que era quien convencía a la exparlamentaria de las acciones que debía asumir.
“Le susurraba al oído”, remarcó.
El exministro de Economía del régimen inconstitucional, Óscar Ortiz, afirmó también en su momento que Áñez le había entregado el gobierno a Murillo, a quien calificó como una persona sin capacidad.
“Cuando uno en la vida no se porta bien, cuando uno en la vida no actúa correctamente, a veces la soledad es el castigo que la propia vida le depara”, señaló Jerjes Justiniano en alusión a la “soledad” en la que enfrenta el juicio ordinario en su contra por las acciones que tomó cuando fue segunda vicepresidenta del Senado, para posteriormente asumir en 2019 la Presidencia del Estado de forma irregular.
Según la exautoridad, la presidencia sobrepasó las capacidades de Jeanine Añez.
“Ella no tuvo experiencia con el poder, ni la sabiduría, ni la humildad que debe tener un líder, que pasa por saber escuchar, no solo al entorno, sino escuchar qué hay más allá del entorno, todo eso provocó que esté viviendo lo que está viviendo ahora”.
Jerjes Justiniano había declarado a la prensa en mayo de 2021 que la presidenta de facto encubrió hechos de corrupción de su entonces ministro de Gobierno en la compra de gases lacrimógenos.
Decreto de la muerte
Jerjes Justiniano fue uno de los ministros que firmó, junto a Áñez, el Decreto Supremo 4078, bautizado luego como el “decreto de la muerte”, el 15 de noviembre de 2019.
El decreto de la muerte, que eximió de eventuales juicios penales las acciones de los militares y policías, luego de los operativos y sucesivas masacres en los departamentos de La Paz y Cochabamba fue abrogado.
Las muertes ocurrieron, según la comisión de fiscales, “en absoluta violación y desprecio a los estándares internacionales sobre derechos humanos, emitir el inconstitucional e ilegal Decreto Supremo 4078, justificando con ello una presunta inestabilidad pública y eximiendo de responsabilidad penal al personal militar”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera entidad en investigar los sucesos, consideró que lo ocurrido en Sacaba y Senkata fueron masacres.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, tras la investigación de una misión de observación de tres semanas en el país, que el gobierno de Áñez incurrió en “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas de noviembre de 2019.
Amnistía Internacional, por su lado, denunció “impunidad” tras el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción de Áñez a la Presidencia y que dejaron 38 muertos por amas de fuego, la mayoría de ellos en Senkata y Sacaba.
En 10 días de vigencia del Decreto Supremo 4078, la exención de responsabilidad penal para las Fuerzas Armadas dejó 38 muertos y decenas de heridos.
Al revocar la medida, en cadena nacional, Jeanine Áñez dijo que se había logrado la “pacificación”.