Brasil, 13 de mar (ATB Digital).- El gobierno prepara un proyecto de enmienda constitucional para reducir la influencia castrense en la política.
Antes de convertirse por tercera vez en presidente, Luiz Inácio Lula da Silva consideraba que había que “desmilitarizar” el gobierno dejado por Jair Bolsonaro. Pero, tras los ataques que seguidores radicales del exmandatario ultraderechista perpetraron el 8 de enero contra las sedes de los tres poderes en Brasilia recién iniciado su mandato, esa idea se convirtió en un objetivo inaplazable para el actual mandatario.
Así como los destrozos causados por las hordas enfurecidas, a Lula le molestó la impunidad con la que actuaron y la facilidad con la que accedieron a las instancias más sagradas de la República.
Desde el primer momento, sospechó que algunos “conniventes” les habían abierto las puertas del Palacio de Planalto, y apuntó a parte de los militares. “Perdí la confianza”, dijo.
Por eso se dispuso a deshacer lo tejido por Bolsonaro, un excapitán del Ejército que desde su llegada al poder en enero de 2019 nombró a 6.000 militares en el gobierno y la administración, entre ellos a cargos como el de ministro de Salud, presidente de la petrolera estatal Petrobras o el despacho de la Fundación Nacional del Indio (Funai), el organismo encargado de defender los derechos e intereses de los indígenas.
“Las Fuerzas Armadas no existen para servir a un político, sino para proteger al pueblo brasileño”, aseveró Lula durante una visita a Argentina a finales de enero.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) consideró Bolsonaro “no respetó la Constitución, ni las Fuerzas Armadas” durante su mandato. “Estoy seguro de que pondremos las cosas en su lugar. Brasil volverá a la normalidad”, prometió.
De entrada, el mandatario izquierdista destituyó por lo menos a 150 militares que actuaban en la presidencia, la vicepresidencia y el gabinete de Seguridad Institucional. También nombró a decenas de civiles a cargos hasta ahora ocupados por uniformados.
Y decidió retirar a los militares el control de la Abin, la poderosa agencia de inteligencia, para ponerla bajo las riendas del ministro de la Casa Civil (una especie de jefe de Gabinete), Rui Costa, uno de sus funcionarios de máxima confianza.
La purga continúa, aunque aún no hay datos oficiales sobre su alcance. Durante la campaña electoral, Lula llegó a decir que, de resultar vencedor, “tendría que sacar a 8.000 militares” que durante el gobierno de Bolsonaro ocupaban cargos de estratégicos, parte de ellos nombrados por el antecesor del ultraderechista, el conservador Michel Temer.
Despolitizar los cuarteles
Pero el plan de Lula también pasa por despolitizar los cuarteles. Para ello puso al frente del Ministerio de Defensa a José Múcio, un civil que fue exmagistrado del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y titular de la Secretaría de Relaciones Institucionales en su segundo mandato. El funcionario tiene buena comunicación con los militares y también mantiene una relación personal con Bolsonaro.
Para Lula, no todas “las carreras del Estado pueden meterse en política en el ejercicio de su función”. “Esa gente [los militares] tiene estabilidad, esa gente no pertenece a ningún gobierno, pertenece al Estado brasileño. Necesitan aprender a vivir democráticamente con cualquiera”, comentó.
(RT)