La Paz, 21 de junio de 2023 (ATB Digital).- La cláusula anticorrupción que creará la futura “Ley de sistema de gestión de riesgo para la prevención y lucha contra la corrupción” permitirá anular contratos y recuperar toda la inversión de la obra adjudicada en la que se evidencien hechos ilícitos, afirmó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.
“Si alguna empresa, a lo largo de la vigencia de su contrato, comete un acto ilícito, un acto de corrupción se aplicará la cláusula anticorrupción y eso significará que terminemos el contrato con esa empresa y recuperemos inmediatamente los recursos públicos que se hayan destinado a esa obra, contratación o cualquier servicio que hayamos contratado”, explicó Lima.
La aplicación de la cláusula anticorrupción será obligatoria para todas las empresas que firmen un contrato con el Estado.
Esta cláusula anticorrupción tiene una larga data de creación y es aplicada por organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
“En el mundo se busca que estas cláusulas obliguen a las partes a no incurrir en ninguna practica de corrupción, en ninguna práctica que pueda afectar la transparencia del contrato”, indicó Lima.
De acuerdo con el ministro, en la actualidad si se evidencia un hecho de corrupción en alguna obra, para la recuperación de los capitales se debe ir ante un juez para, primero, anular el contrato, y luego activar un proceso coactivo contra la empresa.
Si se aprueba el proyecto de ley este procedimiento se “facilitará” porque el contrato establecerá una “manera inmediata de interrumpir el contrato y de recuperar el patrimonio de los bolivianos”.
“Las cláusulas anticorrupción le obligan a la empresa a tener claridad de que, si va a tener que hacer un pago irregular el contrato se le puede terminar inmediatamente y un proceso de recuperación de los activos pronto, urgente e inmediato”, insistió.
El proyecto normativo fue diseñado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional con el objetivo de reforzar la prevención y generar alertas tempranas.
La propuesta va en la línea de la política plurinacional de lucha contra la corrupción que marca el camino a seguir con el objetivo de erradicar el ilícito a través de directrices de prevención y lucha contra la corrupción como un asunto de prioridad del Estado.
Con la futura ley se establece la gestión de riesgos a través de la digitalización de la información pública ya sea por parte de entidades estatales, servidoras y servidores públicos, o por empresas privadas que producto de procesos de licitación capten recursos económicos del Estado.
Los empresarios podrán abrir una cuenta única donde se deposite todos los recursos públicos y se pueda fiscalizar de forma constante el gasto.
El Ministerio de Justicia publicará la lista de integridad de las empresas, en la que figurarán tanto las que acepten las reglas de transparencia y también las que no lo hagan.
(ABI)