Santa Cruz,26 jul 2023 (ATBDigital).-El 22 de junio debía ser trasladado al penal; sin embargo, permanecía internado en una clínica sin ninguna orden judicial. Es investigado por delitos financieros.
Martín W., exvicepresidente del intervenido Banco Fassil, fue trasladado este miércoles a la cárcel de Palmasola para cumplir con la detención preventiva que ordenó un juez el pasado 12 de junio en el marco de la investigación por delitos financieros.
El alto exejecutivo permanecía internado en una clínica en Santa Cruz, donde, por orden judicial, debía estar solo 10 días para someterse a exámenes físicos y psicológicos.
El 22 de junio debía ser conducido a Palmasola, luego de que los exámenes médicos establecieron que su vida no corría peligro. Sin embargo, sin ningún justificativo permaneció hospitalizado por más de un mes.
El lunes pasado la jueza Ximena Flores ordenó el traslado inmediato de Martín W. a Palmasola con detención preventiva por 90 días.
Es uno de los principales acusados por las irregularidades que llevaron a la quiebra e intervención del Fassil.
El fiscal Julio César Porras dijo que no existía una nueva orden judicial para ampliar el periodo de internación de Martín W., por lo que éste debe ser conducido a Palmasola.
Martín W. es acusado de delitos financieros, pues su firma figura en varias carpetas aprobando créditos sin respaldo.
El Banco Fassil fue intervenido el pasado 26 de abril tras una denuncia presentada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) en contra de los directivos del banco.
Se investigan delitos financieros tras develarse créditos «overlimit» millonarios a personas que no tenían respaldo económico.
Hasta la fecha existen seis personas detenidas preventivamente: Ricardo M. O., expresidente ejecutivo; Jorge Arturo CH.V., exgerente general; Hernán S. V. D, exejecutivo; Hermes Hugo S. C., exejecutivo y la exgerente general Patricia P.S., también investigados por delitos financieros.
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó el martes 25 de este mes que un juez cautelar de La Paz unificó los procesos en la sede de Gobierno.
La Razón