La Paz, 2 ago 2023 (ATB Digital).- El TCP dilata la notificación a la Asamblea Legislativa del fallo que anula el reglamento y la ley para las elecciones judiciales, por lo que anunciaron juicio contra los magistrados ante lo que califican como una nueva “jugada” para mantenerse en el cargo.
“Nos dicen que tenemos que llevar adelante este proceso mediante una ley; pero primero para hacer una ley nos dicen que tenemos que esperar que nos notifiquen (…), y lo único que les interesa es dilatar. Esto no sé cómo llamarlo, una jugada para prorrogarse; lamento que algunos asambleístas se presten a este juego”, reprochó la presidenta de la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo, Patricia Arce.
Dicha comisión debía sesionar ayer para analizar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que anula el reglamento de preselección de postulantes y la ley corta judicial, pero decretaron cuarto intermedio por la falta de notificación.
Los nueve magistrados emitieron el lunes la sentencia 60/2023 que además de establecer “la inconstitucionalidad del reglamento” que preselecciona a candidatos para la conformación de los tribunales Constitucional Plurinacional, Supremo de Justicia, Agroambiental y Consejo de la Magistratura; deja sin efecto la Ley 1513 del 5 de junio de 2023, que garantizaba las elecciones judiciales previstas para diciembre de este año.
Esta medida es la respuesta a la demanda abstracta interpuesta por el diputado de la opositora Creemos, Leonardo Ayala, que ocasionó que la preselección de aspirantes se paralice en abril.
Para la presidenta de la Comisión Mixta la intención es clara. “Ellos quieren mantenerse en el cargo”, cuando la Constitución manda que sea el pueblo quien los elija por voto en las urnas.
“Que lo sepa el pueblo, aquí hay un intento de prorrogarse, esto significa un golpe a la democracia, un golpe a la institucionalidad del Órgano Judicial”, denunció Arce, quien luego anunció un proceso ordinario y un juicio de responsabilidades por entorpecer el trabajo legislativo, cuando está por encima la CPE, que manda que se realice la elección de magistrados en el país.
En la misma línea, el diputado del MAS Santos Mamani aseveró que pedirá la conformación de una Comisión Mixta para llevar adelante un juicio de responsabilidades contra los magistrados del TCP, no solo por trabar las elecciones, sino por ampliar el mandato del régimen de Jeanine Añez.
El legislador observa, además de la demora en emitir una sentencia, el fallo que conmina a la Asamblea a aprobar una ley para los comicios judiciales, pero por dos tercios y no un reglamento.
“¿Acaso ellos (magistrados) han sido elegidos así? Ellos fueron elegidos por un reglamento, no por una ley”, dijo.
Por otro lado, cuestiona la petición que hacen los magistrados de aprobar una ley judicial con dos tercios, cuando la “CPE dice que toda norma debe ser aprobada por mayoría absoluta. El mismo reglamento de la Asamblea Legislativa nos manda a aprobar por mayoría”.
“Los dos tercios solo se aplican para la preselección de candidatos a los magistrados, por tanto, el fallo es inconstitucional”, subrayó.
“Con esta medida lo que hacen los magistrados es afectar las competencias que tiene el Órgano Legislativo y generar una crisis institucional, lo que es irresponsable”, aseguró.
El diputado oficialista Jhonny Pardo piensa ir más lejos. El parlamentario afirmó que iniciará un proceso penal contra el Tribunal Constitucional y que también recurrirá a instancias internacionales.
“Tendría que ser un juicio de responsabilidades, esto tendría que ser incluso para hacerle un proceso a nivel internacional. Lo más lamentable es que estos magistrados estarían queriendo habilitarse por más tiempo; cómo es posible eso, es ilegal”, manifestó en contacto con radio Fides.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado, el mandato de los actuales magistrados concluye el 31 de diciembre. Otras autoridades deben asumir sus funciones en enero de 2024.
El artículo 183 de la Carta Magna establece que las “Magistradas y los Magistrados no podrán ser reelegidas ni reelegidos, porque el periodo de su mandato es de seis años”, y la elección debe ser por voto popular, como pasó en 2011 y en 2017.
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