Claudia Miranda Díaz
Luego de largas luchas que duraron décadas (1964-1982), se recuperó la tan ansiada democracia el 10 de octubre de 1982; sin embargo, el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), encabezado por Hernán Siles (MNRI) y Jaime Paz (MIR), fue atacado tanto por la derecha como por la extrema izquierda, siendo obligado a acortar su mandato (1982-1986) en 1985.
Le siguieron gobiernos neoliberales: Víctor Paz (MNR, 1985-1989); Jaime Paz (MIR, 1989-1993); Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).
La Masacre de Navidad sucedió durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997), en 1996, suceso acontecido en los distritos mineros de Amayapama y Capacirca, ubicados en los municipios de Chayanta y Uncía, en la provincia Rafael Bustillos del departamento de Potosí. Amayapampa es una mina de oro que en su magnitud se equipara a la mina San Cristóbal; Capacirca es un “Rodado”, no tiene yacimiento, el mineral recogido es aquel que el viento y la lluvia arrastra de toda la cordillera.
Las minas de Amayapampa y Capacirca paulatinamente fueron pasando de propiedad de bolivianos a propietarios extranjeros yugoslavos y croatas; en 1996 eran dueños: de la mina de Amayapampa, Raúl Garafulic G., y de Capacirca, Boris Yasick O. El problema se suscitó cuando ambos vendieron las minas a la empresa canadiense Da Capo Resources Ltda. (que luego se fusionó a la compañía norteamericana Vista Gold Corporation, VGC); Amayapampa en la suma de 8 millones de dólares, y Capacirca en 2 millones de la misma moneda; sin embargo, en las escrituras figuraban las sumas de 400 mil y 100 mil dólares, respectivamente; los sindicatos mineros denunciaron esta evasión impositiva.
El cambio de propietarios significó despido de trabajadores sin goce de sus beneficios sociales, el conflicto empezó el 27 de julio de 1994 y se acrecentó a partir del 15 de marzo de 1996. Los trabajadores firmaron un acuerdo con la empresa Da Capo, que entre algunos puntos contemplaba: estabilidad laboral, el pago de beneficios sociales, mejorar las condiciones laborales, aportes a la seguridad social y dotación de pulperías.
Ante el incumplimiento de la empresa a la firma de un primer convenio, el 29 de julio el sindicato de Capacirca presentó un nuevo pliego de peticiones; el 5 de septiembre los trabajadores de Amayapampa firmaron un segundo convenio que también fue incumplido por parte de la empresa, lo que aumentó las tensiones, hasta que el 14 de noviembre tropas policiales fueron enviadas desde Oruro y tomaron el campamento de Chuquiuta, no pudieron hacer lo mismo con el campamento de Capacirca porque los mineros desarmaron a los 150 policías e incautaron sus fusiles. Desde entonces hasta el 16 de diciembre las relaciones entre los trabajadores y la empresa Da Capo se tensionaron aún más, llegaron refuerzos policiales desde La Paz en resguardo de la transnacional. Entre el 17 y 19 de diciembre los mineros hicieron llegar un voto resolutivo y realizaron un cabildo abierto de mineros y campesinos, donde resolvieron: defender los recursos naturales, ratificaron el pacto minero-campesino, y exigieron el repliegue de los policías, entre otras resoluciones. La respuesta del Gobierno fue militarizar la zona, los invadieron 1.000 policías de élite y 2.000 militares; el resultado fueron cuatro muertos y 19 heridos, la COB instruyó movilización de mineros del país hacia Amayapampa. El 20 de diciembre la COB declaró duelo nacional, ratificó huelga general indefinida y bloqueo de caminos, cocaleros del Chapare se declararon en emergencia y anunciaron que se movilizarían a Potosí. El 21 de diciembre tropas policiales interceptaron a mineros que se dirigían a Amayapampa, el resultado, más fallecidos —hombres y mujeres—, sumando un total de 11 muertos y 50 heridos hasta el 22 de diciembre.
Después de la derrota política sufrida en la Marcha por la Vida —realizada entre el 21 y 28 de agosto de 1986—, los mineros, vanguardia revolucionaria del siglo XX, retornarían a enfrentarse a los neoliberales de los años 90 ofrendando sus vidas; ese fue el inicio de la apertura del Proceso de Cambio que vivimos.
Actualmente, Amayapampa y Capacirca son empresas estatales, forman parte de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), ambas fueron recuperadas de las transnacionales durante el gobierno de Evo Morales.
Claudia Miranda Díaz es economista-investigadora.