Claudia Miranda Díaz
El 12 y 13 de febrero de 2003 tuvo lugar la movilización estudiantil, ciudadana y policial conocida como “el impuestazo”, que derivó en el inicio del derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003 (como resultado de la Guerra del Gas o masacre de octubre), que abriría un nuevo ciclo económico y político en nuestro país.
Luego de la caída del gobierno de izquierda de la UDP, dirigido por Hernán Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora (1982-1985), la derecha neoliberal se haría del poder; gobernaron: Víctor Paz Estenssoro (MNR, 1985-1989); Jaime Paz Zamora (MIR, 1989-1993); Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR, 1993-1997); Hugo Banzer (ADN, 1997-2002. Concluiría el mandato Jorge Quiroga —2001 a 2002—, ante la renuncia por enfermedad y posterior fallecimiento de Hugo Banzer); Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR, asumió un nuevo mandato presidencial para el periodo 2002-2007, y fue durante su segunda presidencia que sucedió la gran movilización ciudadana en su contra conocida como “el impuestazo de 2003”.
Cuando el neoliberalismo se impuso en nuestro país, nuestros gobernantes, fieles al modelo económico que sustentaban, tomaron medidas económicas de reducción del sector estatal y crecimiento del sector privado; las medidas económicas más importantes fueron: la privatización (1993-1997) y la capitalización (1994-2005), mecanismos mediante los cuales se transfirieron nuestras empresas del Estado a manos privadas; teníamos 212 empresas, de las cuales siete eran estratégicas: YPFB, ENFE, LAB, ENDE, Entel y Comibol, que luego fueron recuperadas en el gobierno de Evo Morales (MAS); al LAB ya no se la pudo rescatar, en su lugar se creó BoA.
Otra medida económica de corte neoliberal es el impuesto, que se acrecienta al sector mayoritario de la población y se reduce al sector minoritario que son los empresarios. En ese contexto, Gonzalo Sánchez de Lozada y su vicepresidente Carlos Mesa Gisbert lanzaron la medida tributaria denominada “el impuestazo”.
“El impuestazo” consistía en la eliminación del crédito fiscal del salario mínimo de los trabajadores —medida impuesta por el Fondo Monetario Internacional—. En esa época estos sectores podían presentar facturas por un monto igual a sus obligaciones tributarias y así mantener el poder adquisitivo de su salario, evitando transferir mayores recursos de su salario al Estado. El salario mínimo de los trabajadores era 440 bolivianos, equivalentes a 60 dólares americanos (hoy el salario mínimo es Bs 2.164, equivalentes a $us 311). Esta medida estaba destinada a cubrir el déficit fiscal de 8,9 puntos del PIB (Producto Interno Bruto).
El 9 de febrero, Gonzalo Sánchez de Lozada anunció mediante mensaje presidencial esta medida tributaria “porque Bolivia estaba en una encrucijada…”. El 12 de febrero hubo un motín policial, al no responder la Policía Boliviana al gobierno, este sacó a los militares a resguardarlo; se dio un enfrentamiento entre policías y militares entre el 12 y 13 de febrero; es cuando salieron a las calles a enfrentar al régimen, estudiantes del Colegio Nacional Ayacucho, de la ciudad de La Paz —jóvenes que oscilaban entre 15 y 18 años de edad—, quienes atacaron el frontis del Palacio Quemado, que no estaba defendido por la guardia policial pues se encontraba amotinada. Al grito de “Goni cabrón, el Ayacucho está emputado…”, estos jóvenes tomaron la plaza Murillo y su levantamiento se irradió a nivel nacional, convirtiéndose en una movilización popular en contra del gobierno. “El impuestazo de 2003” dejó el saldo lamentable de 36 muertos y 200 heridos.
La Guerra del Agua (enero, 2000), impuestazo (febrero, 2003) y la Guerra del Gas (octubre, 2003) fueron el principio del fin del periodo neoliberal en Bolivia, abriendo el camino hacia la Asamblea Constituyente (2006-2007), a través de la cual se aprobó una Nueva Constitución Política (2009), que puso fin a la República y dio paso al Estado Plurinacional.
Claudia Miranda Díaz es economista y auditora financiera.