Carmen Parejo Rendón
En ‘Yo canto a la diferencia’, la cantautora chilena Violeta Parra nos decía que pasaba el mes de septiembre, aniversario de la Independencia del país, “con el corazón crecido/De pena y de sentimiento/Del ver mi pueblo afligido/El pueblo amando la patria/Y tan mal correspondido”.
El próximo domingo, 17 de diciembre de 2023, los chilenos están llamados a las urnas para aprobar una segunda propuesta de reforma para la Constitución de Pinochet. En septiembre de 2022 se votó otro texto, más afín ideológicamente al actual Gobierno, que fue rechazado. El actual Consejo Constitucional, que ha redactado esta nueva reforma, está compuesto en su mayoría por representantes de los sectores de la derecha y extrema derecha chilena. En ese sentido, podemos adelantar que, sea cual sea el resultado del plebiscito, el pinochetismo ya ha ganado. Si se aprueba, será un texto redactado por los mismos que querían mantener la anterior Constitución; si se rechaza, estos también estarían conformes.
Algunos ya festejan el cierre de la crisis política chilena que se abrió en 2019. Sin embargo, ¿se han abordado realmente las exigencias del estallido social?
El estallido social de 2019
En 2019 se produce el llamado “estallido social” en Chile. Según el diccionario de la Academia de la Lengua Española un “estallido” es la acción o efecto de estallar. Dicho de una cosa es algo que revienta de golpe; dicho de una persona, supone sentir y manifestar repentina y violentamente ira, alegría u otra pasión o afecto. Cuatro años después podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la respuesta política se ha centrado en controlar el estallido en sentido personal para evitar el estallido de la institucionalidad chilena que estaba siendo cuestionada. Así se ha generado un escenario confuso, un juego a dos manos, que ha devenido en un proceso constitucional prostituido que genera cada vez más desinterés y apatía en la población.
La institucionalidad hace referencia a las organizaciones fundamentales de un Estado, una nación o una sociedad dada. Esta institucionalidad se regula mediante el marco legal y de definición del objetivo de Estado que otorga una Constitución. Es por esto que no es de extrañar que, en el escenario de quiebre de la confianza institucional, la apuesta popular se basase en la necesidad de refundar Chile sobre la creación de una nueva carta magna. Un nuevo acuerdo, un nuevo marco legal que recogiese el reclamo social, pero, sobre todo, que asumiese la pretendida ruptura que reflejaba este estallido y cambiase los objetivos fundacionales del actual Estado chileno.
El estallido social no fundamentaba su apuesta de cambio constitucional en abstracto, sino sobre la base de tener una Constitución, la actual, legada de la dictadura de Augusto Pinochet. Durante esta dictadura se mercantilizó todo el Estado social chileno y se convirtió al país en el laboratorio de experimentación del modelo neoliberal.
La sociedad chilena, por lo tanto, exigía una ruptura real con su pasado dictatorial y el sistema social, político y económico que impuso. El cambio constitucional solo era un mecanismo más en esta dirección.
La salida política
La respuesta del Estado chileno ante esta exigencia de su pueblo fue el acuerdo suscrito el 15 de noviembre de 2019 que buscaba dar una salida institucional ante el estallido, es decir, iniciar un proceso protagonizado por los mismos poderes que estaban siendo cuestionados para calmar el sentimiento popular de ruptura y no tanto para satisfacer las exigencias legítimas de ese pueblo.
En ese sentido, en el texto podemos leer: “Los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente”. Dejando claras las prioridades que después se han puesto de manifiesto durante el proceso de reforma constitucional que se ha llevado a cabo desde entonces.
Ante el consenso institucional, llegó el momento de los oportunistas. Así, no es casualidad, el auge que a partir de este convenio tuvo el recién creado, fundado a mediados de 2019, Partido Republicano. José Antonio Kast, líder de esta formación, es hijo de un antiguo oficial de la Wehrmacht, militante del Partido Nazi; su hermano Miguel, fue ministro durante la dictadura de Pinochet y llegó a presidir el Banco Central chileno, y otros de sus hermanos están vinculados al mundo empresarial enriquecido por la corrupción y el sistema de expolio neoliberal que se impuso en Chile. Kast representa en sí mismo todos los males de la historia y la dictadura chilena, sin embargo, en medio de este escenario confuso, acaba extrañamente convertido en el ‘outsider’ frente a la institucionalidad consensuada.
Boric y el consenso
En 2021, Gabriel Boric fue elegido nuevo presidente de la República de Chile. Sobre el relato se presentó como un presidente de izquierdas, aupado por los movimientos sociales y el estallido de 2019. Sin embargo, en estos dos años de Gobierno, Boric ha acabado por identificarse más como el representante de esa institucionalidad cuestionada que como un portavoz legítimo de un pueblo con exigencias de cambios estructurales.
La prensa ha jugado un papel destacado en este proceso de construcción de un relato donde la izquierda se confunde con el oficialismo, y la derecha más extrema pasa a ser asumida como referentes de la rebeldía política. Un fenómeno similar a lo ocurrido en Argentina y que dio la victoria a Javier Milei en las recientes elecciones presidenciales.
Sin embargo, no podemos obviar que Boric ha ayudado a reforzar este fenómeno aplicando políticas cobardes en lo social y con sus alineamientos a nivel regional e internacional. Apostándole más al consenso institucional —con todo lo que supone, incluyendo no cuestionar las alianzas internacionales que han sometido la soberanía chilena— que a la ruptura que exigía el pueblo. A su vez cabe destacar la imagen que proporcionó al mundo, al estar en la toma de posesión de Javier Milei junto a los pocos y muy representativos invitados que tuvo el nuevo presidente argentino. Es imposible, más allá de un relato mediático e interesado, que tras dos años alguien pueda identificar a Boric como representante del progresismo y la izquierda latinoamericana rupturista. No obstante, sí que ha cumplido un rol determinante para una falsa identificación entre la izquierda y el oficialismo, cuestionado, beneficiando con ello, a la extrema derecha.
El estallido social ponía sobre la mesa un cuestionamiento profundo de Chile, de un modelo impuesto por una dictadura criminal que usó a su población para la experimentación económica neoliberal al servicio de potencias extranjeras, que negó el desarrollo a la mayoría social del país y cercenó los derechos de poblaciones enteras, como por ejemplo la Mapuche.
Quizás el pueblo chileno vota rechazo porque aún nadie le ha hecho la pregunta que esperaban tras su estallido social, porque aún nadie se ha parado a escuchar lo que estaban pidiendo.
El “que algo cambie” de la oficialidad consensuada, finaliza con un “para que nada cambie” del pinochetismo abierto. Así creen que se silencia a un pueblo. Sin embargo, en octubre de 2019 algo se rompió y sonó tan fuerte que se le llamó estallido.