Mahmoud Elalwani
El 26 de enero de 2024, una hora después de la decisión de la Corte Internacional de Justicia en relación con el “genocidio” que comete Israel contra el pueblo palestino, una docena de países occidentales declaran la guerra contra la Agencia de las Naciones Unidas, UNRWA, que es la organización de la ONU para la Ayuda a los Refugiados Palestinos.
Es la organización que proporciona los servicios de educación, de atención sanitaria y de servicios sociales a más de cuatro millones de refugiados palestinos desde la Nakbah, en 1948.
Los países que anunciaron la suspensión de su financiación a dicha Agencia basándose en una denuncia israelí que acusaba a doce empleados palestinos (de un total de 10.000 empleados) que trabajaban para dicha Agencia en Gaza, de haber participado en las operaciones del 7 de octubre.
El secretario general de la ONU, António Guterres, en un comunicado oficial de las Naciones Unidas, declaró que estaban tomando medidas rápidas tras las gravísimas acusaciones dirigidas contra los doce empleados de la Agencia (UNRWA) y confirmó que, de las 12 personas señaladas, nueve fueron inmediatamente identificadas y despedidas por el Comisario General de la UNRWA, Philippe Lazzarini. A su vez, Guterres reveló que, en Gaza, dos millones de civiles dependen de la UNRWA para la asistencia vital diaria necesaria para su supervivencia y que, con la financiación actual, la Agencia no podrá cumplir con todos los requisitos necesarios para apoyar a los palestinos en Gaza el próximo mes de febrero. Guterres hizo un fuerte llamamiento a los gobiernos que han suspendido sus contribuciones para que, como mínimo, garanticen la continuidad de las operaciones de la UNRWA.
La decisión de varios países de suspender su financiación a la UNRWA es un castigo colectivo para millones de palestinos, especialmente a la luz de la catástrofe humanitaria que sufren en la Franja de Gaza. Una guerra sin precedentes desde 1948 contra una agencia que se estableció como parte de la responsabilidad jurídico-política del sistema internacional para enfrentar la gran catástrofe a la que fue sometido el pueblo palestino en 1948. El nacimiento de la UNRWA se produjo por una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1949. Durante sus años de vigencia ha estado expuesta a operaciones de acoso, presiones y prácticas que nunca llegaron a nada. Con la suspensión de la financiación de la UNRWA, pretenden diseñar una nueva estructura para borrar la esencia de la decisión sobre el derecho de retorno de los refugiados a sus hogares, de conformidad con la Resolución 194 de la ONU.
La decisión de estos países se enmarca en una doble moral, por un lado, defienden los derechos humanos y el derecho internacional, pero por otro, continúan brindando apoyo y ayuda a Israel, a pesar de saber que su ejército está cometiendo las peores formas de masacres y asesinatos contra decenas de miles de civiles, actuando al margen de la ley e imponiendo el desplazamiento forzoso a más de dos millones de palestinos.
El procedimiento israelí de desprestigio de la UNRWA no es algo nuevo, es un ataque político premeditado que se vio incrementado significativamente después de los Acuerdos de paz de Oslo, en 1993. La política israelí tenía como objetivo implementar su plan que estipula poner fin al trabajo de la Agencia porque su existencia mantiene viva la cuestión de los refugiados palestinos como cuestión política y humanitaria que requiere una solución política.
La comunidad internacional y los países que dicen preocuparse por los civiles y sus necesidades humanas básicas, asisten a las formas más horribles de genocidio y destrucción; se está presenciando como están convirtiendo la Franja de Gaza en una zona inhabitable, a la matanza en masa de civiles palestinos, a su desplazamiento forzado y a la destrucción de sus hogares, empujándolos a vivir en campamentos improvisados con tiendas de campaña.
Después de casi cuatro meses de aniquilación israelí de nuestro pueblo, la comunidad internacional está demostrando, una vez más, su fracaso, no solo a la hora de detener el genocidio, sino también a la hora de proporcionar la ayuda mínima necesaria a los civiles palestinos, de aplicar y proteger el derecho internacional, legitimando la lógica de la fuerza militar bruta como alternativa a la lógica del derecho y las soluciones políticas al conflicto. El pueblo palestino es una víctima continua de la ocupación israelí y del fracaso de la comunidad internacional para protegerlo desde hace más de setenta y cinco años.