La Paz, 22 de feb 2024 (ATB Digital).- La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, develó que anualmente el Órgano Judicial recibe más de 30 mil procesos relacionados con la asistencia familiar. Santa Cruz es el departamento que reúne la mayor cantidad de casos.
“En los juzgados de familia y en los juzgados mixtos se están moviendo alrededor de 30 mil causas relacionadas con la fijación de una asistencia familiar, la cesación o modificación de una asistencia familiar. Es decir que tenemos 30 mil familias, anualmente, que están recurriendo a juzgados porque no pueden resolver las cosas en casa”, informó la autoridad.
De acuerdo con los datos del Consejo de la Magistratura, solo al primer semestre de 2022 se reportó un total de 15.856 procesos relacionados a asistencia familiar, de los cuales 6.619 corresponden a la imposición del pago de asistencia familiar; 474 a incremento de asistencia familiar; 306 a cesación de asistencia familiar; 151 a disminución de asistencia familiar; y 74 a homologación de asistencia familiar.
“En Santa Cruz deben ser cerca del 50 por ciento de los procesos (…) el problema de familia, que es muy tradicional en Santa Cruz, está generando problemáticas, un fuerte número de familias que están recurriendo a un proceso judicial para obtener lo mínimo”, sostuvo.
Ante esta situación, reiteró la importancia del proyecto de Ley para Fortalecer el Cumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar, que tiene el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de las beneficiarias, y desburocratizar el procedimiento de ejecución de liquidación de asistencia familiar.
Cruz señaló, la noche del miércoles, que de acuerdo a datos de la Dirección de Régimen Penitenciario, entre enero y noviembre de 2022 se registró a 857 personas, 2% de ellas mujeres, privadas de libertad como consecuencia de la falta de pago de la asistencia familiar.
El proyecto de ley establece 10 restricciones para deudores de asistencia familiar como el acceso a un cargo público; procesos judiciales por cobro de deudas; retención de pago en el sistema integral de pensiones; aplicación de medidas cautelares; acceso a planes, programas y proyectos sociales; servicios financieros (créditos); prohibición de emisión de pasaporte; pluralidad de deudas; y prohibición de contraer matrimonio, entre otros.
Fuente: Ahora El Pueblo