La Paz, 10 de abril de 2024 (ATB Digital).- El Gobierno nacional evalúa procesar penalmente por prevaricato a los magistrados René Espada y Gonzalo Hurtado, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por favorecer a la familia Marinkovic con la entrega de más de 33 mil hectáreas de tierra.
“Estamos evaluando la posibilidad de un proceso penal contra estos dos magistrados por prevaricato, porque hemos analizado ambas sentencias y realmente es una aberración jurídica lo que han hecho estos señores”, sostuvo el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Desarrollo Rural, Santos Condori, y el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez.
Pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional vetar a estos magistrados en el entendido de que ambos, o al menos uno de ellos, son postulantes para las elecciones judiciales.
“Imagínense tener esta clase de jueces prevaricadores, que no respetan ni la Constitución Política del Estado”, dijo.
Espada y Hurtado, integrantes de la Sala Cuarta Especializada del TCP, emitieron la Sentencia SCP 1016/2023-S4 el 28 de diciembre de 2023, anulando la resolución emitida por la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz, que negó a la familia Marinkovic, del exministro del gobierno de facto Branko Marinkovic, el derecho sobre tierras y consolidando el derecho propietario del Estado sobre más de 33 mil hectáreas en Laguna Corazón, ubicada en la reserva forestal de Guarayos, y en Tierras Bajas del Norte, en la Chiquitania.
El ministro Condori llamó “verdugos” a los dos magistrados del TCP, advirtió de que el Gobierno hará respetar los derechos de los bolivianos sobre estas tierras.
En 2020, aprovechando su cargo de ministro de Estado, Marinkovic obtuvo del INRA una resolución de conclusión del proceso de saneamiento que otorgó a su familia la propiedad sobre esos territorios.
Ante esa situación, el gobierno del presidente Luis Arce emitió el Decreto 4494 de 2021 para que se inicie un proceso por la entrega de los predios a la familia del exministro.
En mayo de 2021 se presentó una demanda en el Tribunal Agroambiental cuya sentencia salió a favor del Estado.
Fuente; Ahora El Pueblo