La Paz, 26 de abr 2024 (ATB Digital).– El 11 de abril de este año el gabinete del presidente, Luis Arce, aprobó el Decreto Supremo 5143 que crea el Sistema Único de Derechos Reales. ¿Por qué se observa la norma? En Santa Cruz y profesionales en derecho consideran que el decreto es inconstitucional y pone en riesgo la propiedad privada de las personas. El Gobierno dice que solo se busca modernizar el registro.
El mismo tiene por objeto reglamentar la Ley de 15 de noviembre de 1887 “Ley de Inscripción de Derechos Reales” concordado con las disposiciones del Código Civil y otras disposiciones legales relativas al funcionamiento y organización de Derecho Reales, con la finalidad de modernizar el Registro de Derechos Reales.
Dicho registro está encargado de la inscripción de los títulos sujetos a registro, con la finalidad de garantizar el derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, así como la propiedad pública, otorgando la debida seguridad jurídica. El Registro de Derechos Reales está a cargo del Consejo de la Magistratura del Órgano Judicial.
El presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Feliz Oros, explicó que el Decreto es inconstitucional porque no se puede reglamentar Derechos Reales con esta disposición, sino con una Ley que sólo puede ser aprobada luego de su debate en la Asamblea Legislativa.
“Se está concentrando el poder en el Ejecutivo, anulando la labor de la Asamblea, que tiene amplias facultades para aprobar leyes, esos son signos de una dictadura. Además, esto afecta de forma directa a la propiedad privada”, observó.
El exfiscal Pedro Gareca, en un artículo de opinión publicado en varios medios, sostuvo que al crearse un Sistema Único de Derechos Reales se le ha dotado de autonomía, el con objeto de modernizar y regularizar el registro de propiedad, y no se ajusta a la supremacía de la Constitución.
Además, advirtió que el decreto acecha al patrimonio privado, a las unidades territoriales autónomas y a las universidades del sistema público, por cuanto no respeta los datos sobre inmuebles que tienen las personas (más de 1,5 millones de habitantes) custodiados única y exclusivamente por el Órgano Judicial; institución que no puede por ningún concepto transferir esos datos personalísimos a otras instituciones del Estado, sin consentimiento y autorización de quienes son sus propietarios.
El abogado José Luis Santiesteban, en otro artículo de opinión, alertó que el decreto contamina la propiedad privada porque en su artículo 16 establece la aplicación de herramientas del gobierno electrónico (dependiente del Órgano Ejecutivo).
Añadió que la disposición transitoria tercera del Decreto 5143 establece que el Consejo de la Magistratura, en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información AGETIC, implementará el Sistema Único del Registro de Derechos Reales.
Recordó que la AGETIC tiene dependencia del Órgano Ejecutivo (Ministerio de la Presidencia) y que el Consejo de la Magistratura “hoy en manos de consejeros autoprorrogados”, es la máxima instancia nacional sobre los derechos reales.
Registro
El artículo 17 del Decreto 5143 establece que Sistema Único de Derechos Reales está bajo administración de la Instancia Competente Nacional del Registro de Derechos Reales, como sistema informático que centraliza e integra en una base de datos única todos los registros públicos de derechos reales a nivel nacional y contempla información que permite identificar de forma única a las propiedades.
La Instancia Competente Nacional del Registro de Derechos Reales es responsable de la implementación, mantenimiento y actualización del Sistema Único de Derechos Reales; así como de la infraestructura tecnológica.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, aclaró que el Decreto Supremo 5143 de registro de Derechos Reales (DDRR) busca, principalmente, cortar los canales de corrupción en esa institución mediante la bancarización.
“Este decreto se orienta a cortar los canales de corrupción porque plantea la bancarización para que el usuario que va a pagar una inscripción o la obtención de un certificado, ahora lo pueda hacer a través de un banco, para que se corte ese contacto que normalmente tiene el usuario en las oficinas de DDRR al pagar en efectivo”, dijo Silva, citado en un boletín de prensa.
Explicó que el decreto recoge las demandas, preocupaciones y observaciones que tiene la población sobre el registro en esa institución que depende del Consejo de la Magistratura, debido a que durante 18 meses se recorrió diversos lugares del país a fin de conocer las denuncias de las personas.
Fuente: Eju