La Paz, 22 may 2024 (ATB Digital).- En 2012, la Alcaldía se apropió del terreno de la familia Cardona. Después de años de lucha lograron que una ordenanza municipal reconociera sus derechos. Ahora, Mario Cardona enfrenta un proceso judicial iniciado por el loteador que se quedó con sus tierras.
El 31 de mayo de 2022 es una fecha que los esposos Mario Cardona y Ana Castillo no pueden olvidar. Durante todo ese día, ellos y funcionarios de la Subalcaldía de Cotahuma trabajaron para delimitar el predio que la pareja compró en 2009 y que les fue arrebatado por el mismo municipio —encabezado por Francisco Cordero— en 2012.
“A las seis de la tarde se retiran los trabajadores, la encargada me dijo que me quede a vigilar, porque ya no me ayudarán más, que aquella sería la última vez. Siete vecinas nos acompañaron y les invitamos café. Ya cuando estaban a punto de irse, a eso de las nueve de la noche, aparecieron cinco hombres encapuchados y comenzaron a romper todo lo que habíamos hecho. Mi esposa se llevó a nuestras hijas para resguardarlas, y yo me quedé a tratar de recuperar los materiales que nos había costado conseguir”, narró Mario.
Él mismo llamó a la Policía esa noche, y su esposa vio cómo uno de los loteadores que había invadido su terreno, Víctor Chura, pagó a los agentes que llegaron. Aquella vez, su esposo pasó más de 14 horas detenido, ya que Chura alegó que había sido golpeado por Cardona.
Ahora enfrenta una acusación por lesiones graves y leves que nadie lo vio cometer y, por el contrario, él tiene testigos de que tal afirmación es falsa. Según detalló, ya no tiene recursos para contratar un abogado, así que se le asignaron de oficio los servicios del abogado Yacid Deker Lopez Zenteno. Él mismo no habría realizado ningún acto para colaborar a Cardona y después, cuando Mario y su familia denunciaron a Chura por avasallamiento, apareció como abogado defensor del avasallador.
La familia de Mario y Ana sospecha que Chura ‘compró’ a Lopez, ya que sus acciones fueron demasiado sospechosas, sin embargo, ahora no tienen otra opción que continuar, ya que existe una gran posibilidad de que lo sentencien a hasta tres años de cárcel.
En octubre de 2019, el Concejo Municipal de La Paz promulgó la Resolución 194/2019, en la que se establecen los derechos propietarios de Cardona y Castillo sobre los predios en cuestión. Además se reconoce que los funcionarios públicos que los agredieron actuaron sin ningún tipo de aval técnico o legal pertinente.
FUENTE: Ahora EL PUEBLO