La Paz, 26 de ene 2025 (ATB Digital).- Luego del anuncio del gobierno de Argentina de instalar un alambrado en la frontera con Bolivia, el ministro de Justicia, César Siles, dijo que esa decisión va contra los tratados internacionales y los principios de la convivencia pacífica.
“Consideramos que el mandato del presidente de Argentina es vulneratorio de los principios más elementales de la convivencia pacífica en el nivel internacional. Esto iría en contra de los tratados internacionales”, dijo la autoridad a los medios de comunicación.
Asimismo, anunció que en caso de concretarse el anuncio del gobierno del presidente Javier Milei, Bolivia elevará un manifiesto en contra; y espera la manifestación de organismos internacionales.
“Tanto Naciones Unidad y la Organización de Estados Americanos deberían conminar estas determinaciones, esperamos que solo sea un anuncio y no algo real. Esperemos que el presidente de Argentina pueda reflexionar”, complementó.
Argentina
El Gobierno de Argentina anunció que colocará un alambrado en 200 metros de la frontera con Bolivia para “poner orden” en la región de Aguas Blancas; por donde diariamente miles de ciudadanos cruzan para hacer compras, muchas veces evadiendo el control migratorio.
El cerco perimetral forma parte del Plan Güemes y según el diario Página 12 del vecino país; es un pedido del Ministerio de Seguridad de la Nación y se realizará con fondos provinciales.
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigaran, confirmó al periódico Nuevo Diario que la cerca se instalará en el tramo que comprende desde de la Terminal de Ómnibus en Aguas Blancas hasta las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones en el puesto fronterizo con la localidad de Bermejo en Bolivia.
Se estima que alrededor de 15.000 personas pasan diariamente la frontera sin pasar por migración.
El plan es generar un cerrojo en forma de L, donde efectivos de Gendarmería y Prefectura Naval eviten que las personas circulen hacia el sur de la Terminal; obligando a recorrer el perímetro del alambrado hacia las oficinas de Migraciones.
Fuente: La Razón