La Paz, 17 de mar 2025 (ATB Digital) .– Gobierno nacional acatará la decisión asumida del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de admitir y suspender la aplicación de la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 1613 que busca luchar contra el agio y la especulación.
La postura fue fijada por el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, luego de hacer pública la decisión del TCP de admitir una demanda de inconstitucionalidad en contra de los parágrafos I y II de la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Gestión 2025.
“No hemos sido notificados oficialmente, pero como Gobierno que respeta la Constitución y las resoluciones de los demás Órganos del Estado, por supuesto que tendremos que acatar. Todavía no sabemos qué es lo que ha resuelto, entiendo que debe ser respecto a la admisión del amparo o el recurso que han presentado las personas que están interesadas sobre este tema”, explicó en declaraciones a la prensa.
Fue el diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roca el que demandó la inconstitucionalidad de los parágrafos I y II de la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Gestión 2025 -Ley 1613 de 1 enero de 2025.
La disposición establece que “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Varios sectores, aglutinados en el denominado Comité Multisectorial, expresaron su rechazo a este control y demandaron la anulación de la disposición. Con ese objetivo, anunciaron para el 7 de marzo una marcha desde Patacamaya hasta La Paz, a partir del 18 de marzo; no obstante, en esta jornada, sus dirigentes decidieron postergar el inicio de la medida para el 24 de marzo y ya no desde Patacamaya, sino desde un punto más cercado a La Paz: la Apacheta.
De inicio, Silva calificó de política la movilización y señaló que sus impulsores “se han acobardado de marchar de Patacamaya a La Paz”, porque “les ha asustado la distancia, el frío y las consecuencias que podría tener una marcha de estas características, especialmente para los gorditos que no están acostumbrados a caminar, a marchar, y lógicamente esto ha provocado que retrocedan”.
“Veremos ahora quiénes marchan, ¿no?, quiénes marchan y hasta dónde marchan, y vamos a ver, seguramente, que la agenda de estas personas es simplemente política”, insistió.
Según el viceministro, “por más que se deje sin efecto la disposición séptima de la Ley Financial “ellos van a seguir insistiendo en realizar actividades estrictamente políticas”,
Argumentó que a su exigencia sumaron otras demandas, como su rechazo a los contratos por el litio, el abastecimiento de diésel, dotación de dólares y los precios de la canasta familiar.
Con todo, Silva anticipó que la marcha de este Comité Multisectorial “no va a lograr absolutamente nada” sino que empeora el contexto nacional.
Fuente: ABI