Cochabamba, 17 de abr 2025 (ATB Digital) .- El exalcalde de Cochabamba José María Leyes Justiniano fue sentenciado a tres años de cárcel en el penal de San Sebastián, por irregularidades en la compra de mochilas escolares en el caso Mochilas III, informó el procurador General del Estado, Ricardo Condori.
La determinación fue asumida en el juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer No 11 de Cochabamba, en audiencia de prosecución de juicio oral y contradictorio.
“Leyes es considerado por el juez como autor y culpable del delito de incumplimiento de deberes, por lo que es condenado a tres años de privación de libertad a ser cumplido en el penal de San Sebastián varones, además de la inhabilitación y la imposición de costas en favor del Estado”, explicó.
En tanto, los exfuncionarios Carolina Ayala Rojas, José Oscar Bascopé Rojas, Rolando Severino Nogales Torrico y Jacqueline Pamela Paniagua Bedoya fueron sentenciados a dos años de privación de libertad.
El caso Mochilas III se remite a la denuncia formulada por la Gerencia Departamental de la Contraloría General del Estado (CGE) por ilícitos cometidos en el proceso de contratación “Compra de Mochilas Escolares Gestión 2015-2016” (bajo la modalidad de Licitación Pública) por parte de la Alcaldía de Cochabamba a cargo de Leyes, hoy prófugo de la justicia.
Conforme a los antecedentes de la investigación preparatoria, los hechos delictivos se identificaron en tres momentos.
“Ilícitos cometidos en la cuarta Reformulación del POA 2015, donde se hizo la incorporación del precio y cantidades de mochilas escolares, sin que tengan el sustento técnico referente a las memorias de cálculo”, refiere la Procuraduría.
En un segundo momento, ilícitos cometidos en la elaboración de las especificaciones técnicas y precio referencial incorporados en el Documento Base de Contratación.
Y, el tercer momento es el favorecimiento a la empresa VELPA S.R.L. para la adjudicación del proceso de contratación con daño económico al Estado, por parte de los servidores públicos involucrados en el proceso de contratación.
Fuente: ABI