La Paz, 05 de julio de 2025 (ATB Digital)-. El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez, defendió este sábado la incineración de camiones incautados durante operativos en zonas fronterizas, afirmando que se trata de una medida legal enmarcada en la Ley 1053, destinada a proteger al personal militar ante la creciente violencia de grupos organizados dedicados al contrabando.
“Tenemos casos en los que los contrabandistas han utilizado explosivos, armamento e incluso miguelitos para emboscar y neutralizar patrullas militares. Algunas comunidades también se han convertido en coadyuvantes del contrabando, generando un entorno hostil para los operativos legales”, denunció la autoridad en entrevista con la red RPOs.
Velásquez explicó que la destrucción de vehículos se aplica especialmente cuando existe un “riesgo inminente” de que los infractores recuperen los camiones o cargamentos mediante ataques armados o el apoyo de comunarios. En muchos casos, los vehículos ya están dañados intencionalmente y su traslado es inviable, lo que los convierte en blancos de posibles emboscadas.
Desde la creación del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) en 2018, se registraron 18 militares fallecidos, más de 300 heridos y al menos ocho con discapacidades permanentes debido a enfrentamientos con redes delictivas en la frontera.
“La incineración no es un castigo simbólico, es una acción preventiva que busca evitar nuevas confrontaciones y salvaguardar la vida de nuestros efectivos”, sostuvo Velásquez.
Según el viceministro, el contrabando ha escalado en organización y capacidad operativa, incluyendo el uso de armamento, vehículos especializados y estructuras de protección social en comunidades fronterizas. “Ya no enfrentamos a contrabandistas improvisados; se trata de mafias con recursos y logística propia”, advirtió.
La autoridad reiteró que todas las acciones del CEO-LCC están respaldadas por la normativa vigente y tienen como objetivo frenar la expansión de redes criminales que no solo perjudican la economía nacional, sino que también amenazan la seguridad del Estado en las zonas fronterizas.
Fuente: La Razón