La Paz, 18 de nov 2025 (ATB Digital).- El Ministerio Público aún no decidió si investigar de oficio o esperar una denuncia formal tras la revelación del presidente Rodrigo Paz de un presunto “robo” de más de 15.000 millones de dólares en YPFB, ANH y Ministerio de Hidrocarburos durante los últimos 20 años del gobierno del MAS.
Analistas políticos y un exfiscal recuerdan que, al tratarse de delitos de orden público con afectación al Estado, la Fiscalía, para evitar la impunidad, puede iniciar de oficio una investigación. Mientras tanto, se supo extraoficialmente que había anuncios de la presentación de una denuncia formal que, sin embargo, hasta este lunes no llegó a la sede central de la Fiscalía, en Sucre.
“INVESTIGACIÓN DE OFICIO”
El exfiscal en materia anticorrupción Fernando Aragón dijo a Correo del Sur Radio que hay dos tipos penales comunes por actos de corrupción de funcionarios públicos: el delito de incumplimiento de deberes y el de conducta antieconómica.
“Se trata de delitos de acción pública y, de conformidad con el artículo 284 del Código de Procedimiento Penal, todo funcionario público que tenga conocimiento de la comisión de delitos está en la obligación de denunciar. Obviamente el Ministerio Público, a través de la Fiscalía General y de las fiscalías departamentales, teniendo conocimiento de este hecho, tendrían que iniciar una investigación de oficio en función a lo que ha mencionado el presidente Paz y evitar la impunidad”, señaló.
“NO ES POCA COSA”
Por su parte, el abogado y analista político Benjamín Guzmán consideró que el Ministerio Público, con la denuncia del presidente Paz, debería iniciar una investigación penal de oficio porque se habla de un manejo de grandes cantidades de dinero del Estado que repercutieron en la escasez de carburantes en el país.
“Se trata de una denuncia pública que realizó el primer mandatario. Entendemos nosotros que no es necesario que se formalice una denuncia ante el Ministerio Público, puesto que al advertirse que se habrían cometido, probablemente, delitos de orden público, entre ellos incumplimiento de deberes, daño económico al Estado y otros, corresponde al Ministerio Público iniciar investigación de oficio”, enfatizó.
Explicó que los indicios planteados por el Presidente son suficientes para iniciar una investigación y, en este caso concreto, hay indicios serios. “El robo, la fuga, o como quiera llamárselo, de 15.000 millones de dólares no es poca cosa. Es básicamente una afirmación que realizó el Presidente que desde ya debe ser cierto, no creo que no es evidente por las características propias de cómo se ha manejado el Estado estos últimos 20 años”, agregó.
La Fiscalía General del Estado no se ha pronunciado sobre la denuncia del Presidente. Extraoficialmente, CORREO DEL SUR conoció que estaban esperando el registro de una denuncia que fue anunciada por el propio Gobierno, pero que hasta este lunes no se concretó.
DESVÍO
El presidente Rodrigo Paz relató el domingo que en apenas siete días se descubrió una cisterna vinculada a una red de desvío de combustibles operada desde dentro de YPFB y ANH. Destacó que la ANH realizó el seguimiento que permitió los primeros arrestos y afirmó que, cuando se enfrenta la corrupción, la ciudadanía se suma con denuncias y rompe el silencio que protege a estas redes.
¿Se debe iniciar un juicio por “robo” en los 20 años del MAS?
Este fin de semana, el presidente Rodrigo Paz reveló que sus ministros detectaron un presunto robo al Estado por más de 15.000 millones de dólares durante los 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). El primer mandatario responsabilizó directamente a los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.
“¿Cómo procesamos una información de semejantes características?”, cuestionó el analista político Germán Gutiérrez, en entrevista con Correo del Sur Radio. Además, indicó que se debe marcar un precedente para asegurar el correcto manejo del Estado en adelante.
En su criterio, se trata de una situación que ya era ampliamente conocida por la población, pese a que no se sabía de detalles o los números presentados por Paz el fin de semana.
Por esto es pertinente iniciar los procesos correspondientes no solamente para buscar las sanciones penales, en caso de que corresponda, sino para que históricamente Bolivia pueda hacer una evaluación y sanción de lo que ha significado un manejo abusivo y arbitrario de la cosa pública, agregó.
Para Gutiérrez, cada uno de los hechos hallados debe ser tratado en conjunto, para evitar que las responsabilidades se difuminen con el tiempo, y con el conocimiento de nuevas denuncias en el corto plazo, por lo que sugirió desarrollar una evaluación en conjunto para que la población asuma la magnitud del daño.
Esto implicaría la reapertura de casos polémicos que se conocieron en las últimas dos décadas.
Fuente: Correo del Sur