La Paz, 22 de nov 2025 (ATB Digital).- La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) inició una investigación integral tras recibir una denuncia formal sobre la presunta habilitación irregular de equipos móviles cuyos IMEI estaban registrados en lista negra, procedimiento atribuido a la empresa subcontratada Datacom SRL.
Según información de la Agencia Boliviana de Información (ABI), la estatal activó de inmediato un proceso de verificación técnica y administrativa, en el marco de sus mecanismos de control y del contrato vigente con la firma subcontratista. El objetivo es establecer el origen, la magnitud y las responsabilidades vinculadas al hecho.
Entel aseguró que, de confirmarse las irregularidades, se aplicarán todas las sanciones contractuales y correctivos internos que correspondan, y que la población será informada una vez concluido el proceso.
Entel
La investigación interna surge luego de que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) ejecutara la semana pasada una inspección en Entel tras conocerse que 1.053 teléfonos robados habrían sido reactivados sin autorización del propietario, en vulneración de la Regulación Administrativa TL 0115/2009.
La ATT solicitó información histórica desde 2024 sobre todas las liberaciones de IMEI para determinar si existió un esquema prolongado de reactivación ilegal. Documentos internos ya habían advertido, en agosto, sobre reactivaciones sin respaldo técnico ni autorización del titular. La investigación apunta a operadores de Datacom, donde Entel posee participación accionaria.
En medio de este caso, la empresa estatal también registró un cambio en su conducción, con Jorge Francisco Del Solar como nuevo gerente de Entel, con el reto inmediato de lograr la transparencia y fortalecer la supervisión en los procesos internos.
La autoridad reguladora, por su parte, informó que continuará ampliando citaciones y recopilando evidencia para esclarecer posibles complicidades y garantizar la protección de los usuarios frente a prácticas que afectan la seguridad ciudadana y la confianza en el sector de telecomunicaciones.
Fuente: La Razón