La Paz, 06 de dic 2025 (ATB Digital).- La justicia determinó medidas sustitutivas para la exesposa del dirigente panificador Rubén Ríos, investigada por su presunta participación en un clan familiar que habría recibido de forma irregular harina subvencionada destinada a la elaboración del pan de batalla.
“La excónyuge ha sido beneficiada con libertad”, informó este sábado el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Gabriel Neme, tras concluir la audiencia de medidas cautelares.
La mujer deberá pagar una fianza de Bs 20.000, presentarse cada mes ante la Fiscalía y cumplir arraigo, lo que le prohíbe salir del país.
Caso ‘harina subvencionada’
El fiscal anticorrupción Omar Quisbert explicó que la investigada enfrenta tres delitos penales: asociación delictuosa, encubrimiento y enriquecimiento ilícito, todos vinculados a irregularidades en la distribución de harina subvencionada por parte de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). “La harina beneficiaba al señor Ríos y a dos de sus hijos”, señaló.
La mujer fue aprehendida el jueves como parte de las pesquisas que alcanzan a varios miembros de la familia Ríos. Paralelamente, Rubén Ríos, acusado por presuntas irregularidades en el manejo de harina subvencionada, se encuentra detenido de manera preventiva en el penal de San Pedro. El acusado debe pagar una fianza de Bs 60.000, presentarse una vez al mes ante la Fiscalía y también cumplir arraigo.
El caso continúa en investigación, mientras las autoridades aseguran que se indagan responsabilidades dentro de una estructura familiar que habría operado en perjuicio del Estado.
De acuerdo con el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Justiniano, la afectación económica que causó el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol) supera los Bs 5 millones.
Sin embargo, Ríos asegura su inocencia y considera que el caso está siendo politizado debido a la política de “cero tolerancia a la corrupción” que alega el Gobierno, pero que no da con el paradero de otros actores que generaron mayores daños económicos al Estado.
Fuente: La Razón