La Paz, 27 de sep (ATB Digital)– Entre enero y diciembre de 2022 se registraron un total de 35.470 embarazos en adolescentes, de los cuales 2.134 fueron en menores de 15 años y 33.336 embarazos entre 15 a 19 años, según información emitida por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE) del Ministerio de Salud.
El embarazo adolescente no debe ser tomado simplemente como una cifra, más bien debe llamar a autoridades y la sociedad civil en su conjunto a reflexionar sobre el impacto en la salud pública y las implicaciones sociales y culturales. Además, existe una relación directa con el incremento de la mortalidad materna por el riesgo de sufrir mayores complicaciones graves durante el embarazo y parto.
“La muerte materna tiene enormes implicaciones de salud y económicas a nivel familiar y de la comunidad, habida cuenta del importante papel que las mujeres tienen en la vida familiar y en el desarrollo social y económico en la región. Toda mujer tiene derecho a acceder a una atención materna basada en evidencias para no morir por causas evitables”.
El embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana afecta y cambia totalmente el proyecto de vida de las mujeres, provoca un abandono de sus metas planteadas por la necesidad de afrontar mayores responsabilidades y obligaciones. La interrupción de los estudios por la maternidad significa menos años de escolaridad y en el futuro mayor probabilidad de no acceder a algún puesto de trabajo o percibir un menor ingreso laboral.
El estudio “Metodología de Impactos del Embarazo Adolescente en América Latina y el Caribe (MILENA)” para Bolivia, presentado el 2022 por el Ministerio de Salud y Deportes con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), revela las consecuencias socioeconómicas del embarazo no intencional en la adolescencia y presenta evidencias sobre las brechas en los logros educativos y en los niveles de ingreso y empleos laborales entre quienes fueron madres en la adolescencia y fueron madres en edad adulta joven.
Según el estudio, en Bolivia el abandono y rezago educativo vinculados al embarazo en adolescentes y la maternidad temprana representan un costo o pérdida anual aproximadamente de USD 153,7 millones anuales. Las mujeres que fueron madres en esa etapa presenta una probabilidad 66,9% mayor de encontrarse desempleada en comparación a las mujeres que postergaron su maternidad.
El embarazo en la adolescencia afecta el proyecto de vida de las madres jóvenes, porque provoca el abandono de metas y objetivos planteados, ante la obligación de afrontar responsabilidades y obligaciones debido a la maternidad temprana, aspecto que incide notablemente en el incremento de las inequidades sociales en el país.
Sus efectos y/o impactos generan inconvenientes y se extienden tanto a nivel individual (a través de su nivel de educación alcanzado, participación e ingresos laborales actuales y futuros) como también a nivel agregado (prestaciones de servicios de salud y recaudación de impuestos de manera directa e indirecta).
Uno de los mayores problemas es el acceso a la información y servicios de salud que puedan otorgarles métodos anticonceptivos, especialmente de larga duración. El informe muestra que, a escala global, 257 millones de mujeres que quieren evitar un embarazo no usan métodos anticonceptivos modernos y seguros, situación que amenaza el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que dichos embarazos repercuten negativamente en su futuro, en su familia y la sociedad.
Otro factor que afecta a las mujeres es la violencia sexual, especialmente en niñas y adolescentes, porque son obligadas a embarazos tempranos, así como a uniones o matrimonios forzados en los que la autonomía de su cuerpo y decisiones se limitan por
muchos años. La decisión sobre la maternidad sigue dependiendo de alguien más: de su pareja, de un familiar o de la comunidad.
Es fundamental abordar la prevención del embarazo adolescente mediante la implementación de estrategias integrales que incluyan la promoción de la educación integral para la sexualidad dentro y fuera de la escuela, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, apoyo emocional a víctimas de violencia sexual, el fortalecimiento de la consejería en los servicios de Atención Integral de Adolescentes (AIDA), así como el asesoramiento y promoción de programas de apoyo a las adolescentes embarazadas para asegurar la elección informada y anticoncepción.
Por tanto, el embarazo en la adolescencia y la mortalidad materna son dos desafíos importantes para la salud pública. Para abordar estos problemas, es necesario implementar políticas, planes y programas promuevan los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, brinden acceso a servicios de salud de calidad y fomenten la educación integral para la sexualidad y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.
Alianza clave para el acceso a la información sexual y reproductiva de niñas, adolescentes y jóvenes
El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, KOICA, en el Proyecto “Promoción de la igualdad de género de adolescentes, a través de la mejora del acceso a la salud y de ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos ven como esencial promover la igualdad
de género a través de intervenciones que empoderen a las niñas y adolescentes sobre su salud sexual y reproductiva.
El enfoque integral de esta iniciativa busca fortalecer los procesos de prevención del embarazo en adolescentes, del cuidado de la salud sexual y reproductiva, y de la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia en razón de género. Se pretende que el proyecto aporte a la construcción e implementación de un modelo demostrativo integral, intersectorial y con un enfoque de derechos.
El proyecto fortalece también la Atención Integral de Adolescentes (AIDA), mejora la capacidad de los establecimientos de salud a través de la gestión integral y disponibilidad asegurada de insumos anticonceptivos, medicamentos y equipamiento médico básico. Además, se desarrollan procesos de información, orientación, sensibilización, capacitación y entrenamiento del personal de salud, del entorno familiar cercano, del ministerio público y personal de la cadena de atención de la violencia, así como a actores clave de la comunidad educativa.
El proyecto se implementa en los distritos de Senkata y Los Andes, en El Alto; el macrodistrito de Cotahuma, en La Paz; la Zona Sur, en Cochabamba; y el municipio de Sacaba.