La Paz, 19 de dic 2025 (ATB Digital).- En una jornada marcada por la incertidumbre y la especulación, con mercados abarrotados de ciudadanos que intentaban frenéticamente abastecerse a precios del día anterior y un transporte público que elevó sus tarifas de manera arbitraria, el gobierno de Rodrigo Paz ratificó este jueves la plena vigencia del Decreto Supremo 5503. Pese al caos evidenciado en las calles y al rechazo de distintos sectores sociales, el Ejecutivo sentenció que la eliminación de la subvención a los carburantes “no es negociable”, aunque abrió las puertas al diálogo para explicar los fundamentos técnicos de la norma.
El día después del anuncio presidencial mostró un escenario de tensión y polarización. Mientras sectores como el transporte, la Central Obrera Boliviana (COB), el magisterio urbano, mineros cooperativistas y soyeros anunciaron movilizaciones, el sector privado y el agro de Santa Cruz, entre otros, manifestaron su apoyo a las nuevas medidas, aunque con ciertas observaciones. En este contexto, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y otros miembros del gabinete de Paz se vieron obligados a salir al frente para contener el malestar social y aclarar la postura oficial ante la presión de los distintos gremios.
“El decreto no es un capricho, es el resultado de un estudio técnico que hace viable a nuestro país. Para eso ha sido electo el Gobierno, para gobernar y tomar decisiones, por difíciles que éstas sean”, explicó Lupo. El Ministro, en ese sentido, descartó revisar la medida, argumentando que mantener el esquema anterior implica perpetuar un déficit insostenible que derivaría en una crisis mayor.
Más temprano, el gabinete económico defendió la urgencia de la reforma ante una economía que describieron como “absolutamente destruida”. El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, calificó la subvención como “una enfermedad” y detalló que el Estado proyectaba gastar 3.500 millones de dólares en 2026 para cubrirla, cifra equivalente al 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB), algo insostenible, según explicó.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, por su parte, justificó la emisión del decreto ante la urgencia de “sanar una economía absolutamente destruida” por dos décadas de lo que calificó como despilfarro y mala gestión durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Según el Ministro, el esquema de subvención degeneró en un “punto de corrupción” institucionalizado y en un negocio rentable para pocos, lo que hacía imposible mantener la estabilidad financiera del Estado sin tomar medidas drásticas.
Para sustentar la decisión, Espinoza se apoyó en estas cirfras: aseguró que el 70% de los más de 3.500 millones de dólares destinados al subsidio no beneficiaba a los sectores vulnerables. Desglosó que un 30% de esos recursos era capturado por redes de corrupción y contrabando, mientras que otro 40% terminaba favoreciendo a familias de alto poder adquisitivo que no requerían el apoyo estatal, situación que describió como una corrupción a “escala extraordinariamente grande”.
Conscientes del impacto social de la medida, Espinoza remarcó que el decreto incluye compensaciones para fortalecer el aparato productivo y mitigar el impacto.
Ante el desorden tarifario y el agio en productos de la canasta básica, Espinoza desafió a los choferes a justificar técnicamente cualquier alza, ya que se redujeron otros costos operativos mediante incentivos tributarios, señaló.
Finalmente, Medinaceli marcó distancia con el “gasolinazo” de 2010, asegurando que, a diferencia de aquella ocasión, los recursos ahorrados se destinarán ahora a inversión productiva y a fortalecer a las regiones y universidades.
RECHAZO
Desde la cárcel de San Pedro, el expresidente Luis Arce calificó como un “crimen contra el pueblo” la eliminación de la subvención. En una carta manuscrita, denunció la “insensibilidad” del Gobierno por afectar a los más vulnerables en vísperas de fin de año y advirtió que la decisión erosionará la paz social, pudiendo derivar en convulsión. También desestimó el alza salarial, señalando que ignora a la mayoría informal y deja a los trabajadores a merced del empresariado.
El expresidente Evo Morales tildó de “improvisada” la decisión de Paz y dijo que “sus medidas son una desproporción económica inaceptable” entre los ingresos de la población y incremento de los precios de los combustibles.
MINEROS
Fencomin rechazó este jueves el Decreto 5503 calificándolo de “gasolinazo” y “atentado al pueblo”. Su líder, Richard Caricari, exigió la derogación inmediata de la norma por falta de consenso. El sector minero se declaró en “máxima alerta”, instruyendo la movilización total de sus bases y convocando a maestros, transportistas y gremiales a sumarse a las protestas para defender la economía de los sectores vulnerables frente a las nuevas medidas del Gobierno.
Maestros urbanos exigen abrogar el Decreto 5503
El magisterio urbano nacional determinó este jueves exigir la inmediata abrogación del Decreto Supremo 5503, norma que calificaron como un “asalto a la economía popular” y de la clase trabajadora. Tras una reunión de emergencia, el ejecutivo del sector, Wilfredo Ajllahuanca, anunció que este viernes la dirigencia nacional y departamental se constituirá en La Paz para formalizar el rechazo.
Los educadores tildaron de “engaño” el incremento del salario mínimo a Bs 3.300, pues advierten una inminente “megainflación” y estanflación para 2026.
Ajllahuanca afirmó que el Gobierno protege a logias empresariales y descarga la crisis sobre los asalariados. Asimismo, el gremio emplazó a la Central Obrera Boliviana (COB) a recuperar su rol de vanguardia y limpiar su imagen institucional.
Choferes exigen restituir la subvención y en La Paz van al paro
La eliminación de la subvención a los hidrocarburos, oficializada por el gobierno de Rodrigo Paz mediante el Decreto Supremo 5503, desató un rechazo inmediato y contundente en el transporte organizado. Mientras la Federación Departamental de La Paz ratificó un paro movilizado de 24 horas para este viernes, la dirigencia nacional advirtió con iniciar un paro indefinido desde el sábado si no se abroga la norma.
El dirigente del transporte libre paceño, Limbert Tancara, confirmó que la medida de presión y dijo que esta incluirá el cierre de vías tanto en el área urbana como en las 20 provincias del departamento, con más de 40 puntos de bloqueo previstos en la Sede de Gobierno y El Alto. Tancara justificó la protesta al señalar que el decreto generará “hambre y miseria” en la población.
Por su parte, la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, a través de su representante, Víctor Tarqui, otorgó un plazo de 24 horas al Ejecutivo para anular la medida. El sector convocó a un ampliado nacional para este sábado 20 de diciembre en Cochabamba, donde se definirán acciones. “Estamos totalmente molestos, porque es un atentado directo al sector del transporte y a nuestra población”, protestó Tarqui.
Desde Santa Cruz, el dirigente federado Bismark Daza calificó la eliminación abrupta del subsidio como una agresión a la economía del sector. “Así como se hizo, fue un golpe mortal”, aseveró.
En El Alto, entretanto, se registró una de las primeras medidas de protesta contra el fin de la subvenión. En la carretera La Paz-Oruro, un grupo de choferes –distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP)– instalaron un punto de bloqueo a la altura de la planta de YPFB en Senkata. Los transportistas tomaron la ruta con sus camiones para exigir una “nivelación de comisiones” ante la nueva coyuntura económica. La medida de presión, que se mantenía activa hasta tarde de este jueves, obligó a buses interdepartamentales y vehículos particulares a improvisar rutas alternas para sortear el corte de vía y llegar a sus destinos.
COB define hoy medidas de protesta
La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado nacional de emergencia para este viernes en La Paz, con el objetivo central de analizar la coyuntura y definir medidas de presión ante la eliminación de la subvención a los combustibles decretada por el gobierno de Rodrigo Paz.
El encuentro, programado para las 9:00 en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), en El Prado, reviste carácter obligatorio para todas las confederaciones y centrales departamentales.
“Ante la cobarde conducta del Gobierno central y el atentado contra el pueblo boliviano, el Comité Ejecutivo Nacional instruye y convoca al ampliado”, dice el instructivo.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, en un conferencia de prensa, arremetió con dureza contra el Presidente. “Ha sido un día negro. Sentimos un profundo dolor por nuestro pueblo boliviano”, afirmó el dirigente, al señalar que la medida afecta directamente a las familias que viven en condiciones de necesidad.
“Ha arruinado la Navidad del pueblo boliviano”, agregó Argollo, y acusó a Paz de actuar de manera “cobarde” y de dar la espalda al pueblo. “Les has clavado un puñal en la espalda”, finalizó.
Empresarios respaldan el ajuste, pero observan el alza salarial
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresaron este jueves su respaldo a las medidas de “ordenamiento estructural” anunciadas por el gobierno del presidente Rodrigo Paz, que incluyen el levantamiento de la subvención a los combustibles. Sin embargo, ambas instituciones manifestaron su profunda preocupación por el incremento del 20% al salario mínimo nacional y exigieron mesas de trabajo técnico para evitar la destrucción del empleo formal.
A través de un comunicado, la CEPB calificó la eliminación del subsidio a los hidrocarburos como una decisión “necesaria y urgente” que permitirá disminuir el insostenible déficit fiscal y equilibrar las finanzas públicas, aunque reconoció que el ajuste de precios tendrá efectos complejos.
Por su parte, la CNI, en otro comunicado, coincidió en que las acciones del Decreto 5503 responden a la necesidad ineludible de evitar una “crisis económica mayor y la paralización del aparato productivo”.
No obstante, el sector privado señaló que su apoyo tiene límites. La máxima entidad empresarial cuestionó la determinación “unilateral” del aumento salarial, advirtiendo que “tendrá efectos severos sobre la estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas”.
En sintonía, los industriales consideraron vital abrir un espacio de “diálogo técnico y constructivo” para evaluar la aplicación de este incremento, ante el riesgo de restar competitividad y empujar a las unidades productivas hacia la informalidad.
De cara al futuro, la CNI consideró “indispensable” la inmediata apertura de un espacio de diálogo para construir un Plan de Crecimiento y Desarrollo que complemente las medidas vigentes.
La CEPB, entretanto, fue más allá y enfatizó que el costo del ajuste no puede recaer únicamente sobre la ciudadanía. “El sector político y los servidores públicos deben dar muestras claras no solo de capacidad y decisión, sino también de austeridad, prudencia y responsabilidad”, reclamó la Confederación, que además exigió acelerar las acciones legales contra los responsables de la crisis actual bajo la premisa de que “la impunidad resulta inaceptable”.
Tuto prevé más inflación por el fin de la subvención
El líder de la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, alertó que el incremento en el precio de los combustibles, sin preservar los subsidios al transporte público, detonará una espiral inflacionaria en Bolivia. El exmandatario advirtió que esta medida provocará “sufrimiento para la población” y recomendó al Gobierno establecer un diálogo urgente con los sectores sociales para evitar una escalada de precios en los productos de la canasta básica.
En una conferencia de prensa, Quiroga recordó que su propuesta planteaba mantener la subvención al transporte durante al menos un año mientras se estabilizaba la economía. “Subir el transporte público en estas dimensiones, por el incremento de combustibles, y ya se está dando, es inflacionario”, aseveró. Aunque validó medidas como la eliminación del diésel de la lista de sustancias controladas, señaló que el encarecimiento de los carburantes presionará, por ejemplo, el costo del pan y afectará la estabilidad del tipo de cambio.
El líder opositor instó, por otro lado, al Ejecutivo a resolver sus fricciones internas, en referencia al vicepresidente Edmand Lara, y advirtió que Evo Morales podría instrumentalizar el descontento para generar protestas. Quiroga responsabilizó al también exmadatario por el “saqueo” estatal que, según su criterio, originó la crisis actual.
Samuel: “No hay otra que esta quimioterapia”
El líder de la alianza Unidad y aliado del Gobierno, Samuel Doria Medina, respaldó el ajuste económico anunciado por Rodrigo Paz y calificó las decisiones como una intervención de emergencia necesaria. El político comparó la crisis actual con un cáncer y aseguró que la solución requiere acciones radicales.
“Seguramente nadie va a estar contento con estas medidas, pero no hay otro camino que pasar por esta quimioterapia para tener vida económica hacia adelante”, manifestó mediante un video en sus redes sociales. Para Doria Medina, la eliminación de la subvención a los hidrocarburos era impostergable para evitar que el combustible beneficie a países vecinos y para reactivar las inversiones hacia 2026.
No obstante, el empresario expresó disconformidad con los paliativos laborales propuestos por el Ejecutivo. Advirtió que “las medidas sociales de compensación son discutibles” y que “subir los salarios no parece una medida bien focalizada”, por lo que alertó sobre posibles consecuencias indeseadas.
Asimismo, instó al Gobierno a comunicar mejor los beneficios sobre la repatriación de fortunas y el régimen impositivo. “Sin las medidas, nada tendríamos que esperar, solo más pobreza y desesperación”, señaló al reconocer el malestar de la población.
Lara: Solo Unidad apoya el decreto en la Asamblea
El vicepresidente Edmand Lara ratificó su rechazo al Decreto Supremo 5503 de ajuste económico y asguró que, tras sostener una reunión con los jefes de bancada de la Asamblea Legislativa, únicamente la alianza Unidad respalda la disposición gubernamental. La autoridad advirtió que la mayoría de las fuerzas políticas asistentes rechazó la norma al considerar que esta detonará una crisis social en el corto plazo.
Lara detalló que en el encuentro participaron delegados de Libre, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Alianza Popular y Súmate. Por el contrario, no asistieron a la convocatoria los representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) ni el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila.
“Hay que dejar claro al país que la única bancada que respalda el decreto supremo es la bancada de Unidad Nacional”, declaró el Vicepresidente en una conferencia de prensa, donde aseguró que el impacto directo lo sentirán los más vulnerables.
“Nosotros rechazamos categóricamente esas medidas y consideramos que no era el momento de establecer este tipo de medidas, que lo único que van a causar es más pobreza, más desempleo y la subida de los precios de la canasta familiar que va a afectar a los sectores más humildes”, expresó el Vicepresidente.
Fuente: Correo del Sur