La Paz, 24 de dic 2025 (ATB Digital).- El Gobierno anunció un plan de ajustes normativos, entre decretos y reglamentos, para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que mantiene al país bajo vigilancia internacional por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero. El ministro de Economía José Gabriel Espinoza, afirmó que se confía en enfrentar una evaluación positiva en octubre de 2026.
“Sobre el tema del GAFI estamos trabajando con el director de la UIF, ya tenemos un cronograma de medidas que vamos a tomar, durante el próximo trimestre hay varias normativas que tenemos que ajustar no necesariamente leyes, hay muchos reglamentos, muchos decretos que podemos ajustar para ir cumpliendo los hitos que el GAFI nos ha puesto, creemos nosotros que para octubre del año que viene, nosotros tendremos la posibilidad de enfrentar una evaluación y salir de manera positiva en ese tema”, sostuvo en conferencia de prensa.
Bolivia en la lista gris
El país fue incluido a la lista gris del GAFI, tras la segunda plenaria de este organismo en este año, que se realizó del 10 al 13 de junio en Estrasburgo, Francia.
La decisión responde a los resultados de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que detectó deficiencias estratégicas en los sistemas bolivianos de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Como consecuencia, el país pasó a integrar el grupo de jurisdicciones bajo mayor vigilancia internacional.
Ante este escenario, las autoridades bolivianas asumieron un compromiso político de alto nivel con el GAFI y el Gafilat para mejorar la eficacia del régimen nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT).
La falta de una ley
Para el abogado penalista y director de Compliance Legal Consulting, Carlos Contreras Aguilar, la inclusión de Bolivia en la lista gris del GAFI responde a una evaluación de efectividad, es decir, a qué tan funcional es en la práctica el sistema de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Desde su análisis, una de las principales debilidades es que el país no cuenta con una ley específica, sino únicamente con decretos supremos que regulan la materia, lo que limita la solidez del marco normativo frente a los estándares internacionales del GAFI.
“Tenemos que contar con una ley, eso quiere decir que el proyecto de ley que se estructure tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa y la misma tramitación de la aprobación tiene que ser gestionada por el propio director de la Unidad de Investigación Financiera. No basta mostrar que contamos con decretos del estándar internacional”, enfatizó Contreras.
El experto explicó que Bolivia intentó suplir la falta de una ley con el Decreto Supremo 4904, pero advierte que resulta difícil demostrar efectividad cuando la base normativa es de rango inferior. A esto se suma que, aunque la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) fue creada en 1997 mediante decreto, ese instrumento nunca fue elevado a rango de ley, una condición clave para superar las evaluaciones internacionales.
Sobre los casos
Otra observación central tiene que ver con los resultados judiciales, que según el experto, el número de sentencias condenatorias por legitimación de ganancias ilícitas es muy bajo y predominan los fallos absolutorios. De acuerdo al informe de evaluación mutua del Estado Plurinacional de Bolivia presentado por el Gafilat, de 2017 a 2023 se registraron 97 sentencias, 44 absolutorias, 41 condenatorias y 12 mixtas. El mayor número de sentencias se obtuvo el 2022 con 28.
“Hay más sentencias absolutorias por legitimación de ganancias que sentencias condenatorias. Lo que demuestra que no hay una coordinación efectiva entre la Unidad de Investigación Financiera, Ministerio Público, Órgano Judicial y Policía”, subrayó Contreras.
Durante el periodo evaluado, Bolivia abrió 608 investigaciones por lavado de activos vinculadas a un delito precedente, principalmente por narcotráfico (206) y corrupción (97), mientras que en total se iniciaron 34.536 investigaciones por los delitos que generan dinero ilegal, como narcotráfico (14.328), corrupción (13.357) y trata de personas (3.726). La diferencia evidencia que, aunque se investigan decenas de miles de delitos que podrían generar lavado de activos, solo una pequeña proporción se sigue realmente como lavado.
En ese contexto, Contreras considera poco realista la posibilidad de que Bolivia salga de la lista gris en octubre del próximo año. Recuerda que el país ya atravesó este proceso entre 2011 y 2013 y que, incluso entonces, el retiro de la lista gris tomó al menos dos años.
El experto remarca que, además de aprobar una ley, es necesario restructurar la UIF, dotándola de mayor independencia y transformándola en una unidad con rol activo en los procesos judiciales, similar a los modelos de Argentina o Perú. En su opinión se debería permitir que abogados de la UIF acompañen los casos desde la investigación hasta el juicio, lo que aumentaría las probabilidades de sentencias condenatorias.
Fuente: El Deber